El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, llamó hoy la atención sobre la necesidad de revisar el significativo monto de subsidios que actualmente entrega el Estado a los colombianos, dado que en algunos casos no son manejados con la eficiencia que se requiere.
“Solo para que tengan una dimensión de las cifras que nos deben preocupar, un estudio nuestro que estamos por publicar, indica que lo que se conoce como gasto público social, alcanzó en 2017 la suma de $ 118.5 billones, esto es algo más de 12% del PIB.
En otras palabras, en subsidios a la salud, la educación, la vivienda, nutrición, agua potable y saneamiento básico y subsidios al trabajo nos gastamos casi lo mismo que la nación recauda por impuestos. Pero si ese gasto no es oportuno, de calidad y eficiente, los resultados no se reflejan en mejor calidad de vida de la población”, alertó el Contralor Maya Villazón. Indicó, igualmente, que se hace necesario reformar el Sistema General de Participaciones, así como el Sistema General de Regalías y el Sistema pensional colombiano. “Todas esas leyes que hoy existen hacen de Colombia una nación inequitativa en la distribución del ingreso y con seguridad una reforma a las mismas será una contribución al desarrollo económico del país”, aseguró.
Maya Villazón recordó que la Contraloría ha promovido debates técnicos para llamar la atención de quienes toman las decisiones de política, así como del legislativo, de las grandes reformas que requiere el país para facilitar una administración más eficiente del recurso público, y una de esa reformas tiene que el ver con la asignación y manejo de los subsidios.
Para el Contralor Maya Villazón, la corrupción no está solo en la apropiación de los dineros de todos, sino también en los recursos que se esfuman por los despilfarros que se producen por la falta de calidad del gasto público y la orientación de las políticas públicas.
“El control fiscal debe ser concebido como un instrumento eficaz para mejorar la gerencia pública, y el diseño y ejecución de las políticas estatales y sólo complementariamente como medio sancionatorio de las conductas indebidas de quienes tienen la responsabilidad de su dirección y de la ejecución del gasto”, enfatizó.
El jefe del organismo de control propuso pasar de la acción policiva sobre la función pública, hacia una función proactiva para el desarrollo de los colombianos. “Esa debe ser la misión sustancial. Y si dentro de esa misión, se identifica a quienes han quebrantado las normas, pues se procede a las sanciones que competan y al respectivo traslado a las instancias judiciales que así lo requieran”.
