La entidad que en el departamento de Casanare debe velar por que los recursos públicos sean bien invertidos por los mandatarios territoriales, investigar las denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción de los funcionarios, pero que en la dirección del contralor Antonio José Ortega, se dedicaron a realizar acoso laboral a varios de sus funcionarios, a no tener implementado el sistema de seguridad en el trabajo, pero que para dar resultados contundentes de investigaciones fiscales poco o nada se vio de resultados.
La Contraloría Departamental deberá pagar $62.108.700 de multa por una sanción impuesta en segunda instancia por el ministerio del trabajo, sanción que se da en un proceso laboral cuya primera instancia fue fallada por parte de la oficina territorial del trabajo en mayo del 2019, en aquel entonces la multa fue por valor de $74.530.440, pero fue modificada por el despacho del ministro de trabajo mediante la Resolución 1714 del 14 de septiembre de 2020.
La multa deberá ser cancelada dentro de 15 días hábiles, por parte de la actual dirección del ente de control que de inmediato le corresponderá interponer una acción de repetición en contra del anterior contralor, ya que la multa impuesta fue por omisión de sus funciones, funciones que el ente de control revisa cuando le hace auditoría a las entidades territoriales, pero no cumple al interior de la misma entidad. Para la demanda de la acción de repetición, la Contraloría tiene seis meses de plazo.
