El periodo del contralor departamental de Casanare 2016-2019, Antonio José Ortega, no se caracterizó por ser de resultados contundentes en la lucha contra la corrupción, sino por los escándalos por acoso laboral ejercido por el titular del despacho contra varios funcionarios (el ministerio del trabajo lo corroboró), de igual manera los resultados en materia administrativa no fueron los mejores, así se desprende del informe de auditoría que se le hizo a este ente de control en el 2019.
Los resultados de la revisión del trabajo de la contraloría fueron dados a conocer por la Auditoría General de la Nación, el pasado mes de junio, en el documento se reseña que se dieron 21 hallazgos administrativos y 5 disciplinarios, con el agravante de que ese ente de control venía con el compromiso de acatar un plan de mejoramiento, ante las irregularidades encontradas en la auditoría del 2018.
Con relación al proceso de tesorería el balance de la contraloría departamental fue REGULAR, ya que los gastos fueron superiores a los ingresos; el proceso de participación ciudadana fue REGULAR, ya que no atendió los requerimientos estipulados en las normas; el proceso auditor de la contraloría (uno de las razones de ser del ente de control) fue Regular, ya que presentó una baja cobertura frente a los sujetos auditados, se presentaron debilidades en la construcción de los posibles hallazgos; en el proceso de responsabilidad fiscal, el desempeño fue Regular, ya que no se tuvo en cuenta aspectos como la prescripción de la responsabilidad fiscal de los investigados, aunado a debilidades en los autos de apertura de procesos, excediendo el tiempo de los términos de manera injustificada, es decir, no sancionaban a tiempo.
Hubo vulneración a los derechos de los ciudadanos al no responder a tiempo las solicitudes de los ciudadanos, debido a la desarticulación entre las diferentes áreas, lo que genera el incumplimiento en la atención a las diferentes peticiones, dado que las denuncias que son trasladadas a la Dirección de Vigilancia Fiscal superan el término de los seis meses para emitir el informe técnico sobre el asunto puesto en conocimiento al órgano de control, el cual es el soporte para dar la respuesta definitiva y de fondo, así mismo, se evidenció que si se requiere de algún soporte de otra área como lo sucedido en la denuncia 900.19.3.01-2016, en la cual se solicitó un concepto a la oficina jurídica, este no fue posible a pesar de haberse requerido en varias oportunidades y haber transcurrido casi siete meses aproximadamente en esta actuación.
Se evidenció que la Contraloría Departamental de Casanare en el marco de su gestión misional evaluó la vigencia 2018, a, la Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal de Yopal, Empresa de Energía de Casanare ENERCA SA ESP y la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, pero no se observó papeles de trabajo, se limitan a desarrollar la “Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal” (Información en un CD), de la cual se desprende la gestión contractual conforme a la modalidad de contratación, así mismo, no registran información relevante que respalde las observaciones, opiniones, conclusiones y hallazgos, de igual manera no se demostró la aplicación de los procedimientos definidos en el programa de trabajo.
En conclusión el trabajo realizado por la contraloría departamental en materia de auditorías no fue el mejor, inclusive en el 2019 del 100% de los trabajos que debía realizar apenas logró un cumplimiento del 14%, lo que genera desconfianza en los ciudadanos sobre los resultados de lucha contra la corrupción en el departamento.
