Pendiente de conocer si será cobijado con una medida de reclusión en establecimiento carcelario o vinculado a la investigación sin pérdida de la libertad, quedó Alejandro Ordóñez Flórez, el contratista de la fallida Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, cuya audiencia de legalización de captura se surtió la tarde de este martes 7 de julio.
Ordóñez enfrenta un proceso en el cual se le endilga peculado por apropiación (con título de dolo) en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, en desarrollo de la investigación por el pago de un anticipo superior a 3.850 millones de pesos, para ejecutar la obra, que se proyectó bajo la administración de la exalcaldesa de Yopal y actual candidata a la Gobernación de Casanare, Lilian Fernanda Salcedo Restrepo.
La Fiscalía busca establecer la responsabilidad del contratista que recibió el dinero con el cual apenas ejecutó un 3,91% del total de la obra, equivalente a 301 millones de pesos.
El resto de la plata terminó en una cuenta personal de Ordóñez Flórez sin que se conozca el destino del recurso, calculado en 3.368 millones de pesos.
Para justificar el cobro del anticipo, el ahora imputado, habría falsificado la firma de Luis Antonio Ramírez Pérez, cuya empresa Ingeniería Industrial S.A. fue usada como fachada en la supuesta contratación de servicios de perforación de pozos y suministro de elementos para el sistema de filtros que Ordóñez Flórez estaba comprometido a construir.
Durante la audiencia, una empresa de su esposa, Edith Martínez Pérez, con razón social “Colombiana de Materiales”, fue citada por la Fiscalía como proveedora de algún tipo de bien o servicio para la construcción del proyecto.
Alejandro Ordóñez Flórez no se allanó a los cargos y su abogado defensor cuestionó fuertemente la imputación de enriquecimiento ilícito, alegando que se trataba de un delito “residuario” al peculado por apropiación.
Sin embargo, antes de declarar la suspensión de la audiencia, la Juez Rosa Yaneth Walteros, en función de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía de imputar tres delitos, modificando la imputación del enriquecimiento ilícito que inicialmente estaba planteado bajo el Art. 327 del Código Penal, para que fuera cobijado por el Art. 412 que se refiere a la conducta de servidores o funcionarios públicos.
La reanudación de la audiencia quedó fijada para este miércoles 8 de julio, a partir de las 10 de la mañana.
