El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, convocó hoy a un debate sincero, amplio y objetivo sobre los correctivos de fondo que requiere el actual Sistema General de Regalías y reveló una cifra que da cuenta de cómo la ineficiencia y la corrupción siguen teniendo un alto riesgo: A diciembre de 2017, las auditorías de la Contraloría realizadas entre 2015 y 2017 arrojaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por cerca de $840 mil millones de pesos, de los cuales alrededor del 40% son consideradas obras inconclusas, en abandono o terminadas sin uso; temas sobre los cuales el organismo de control está generando alertas de forma permanente.
A finales de 2017, el alto valor de los excedentes sin ejecutar fue de $12,4 billones, que refleja los problemas de eficiencia en la ejecución de los recursos que han venido caracterizando el sistema. De esta suma, un valor de $4,2 billones reposaban en las cuentas bancarias que manejan las entidades territoriales. Por si esto fuera poco, no se están observando plenamente los principios de la contratación pública, en particular el de selección objetiva de contratistas.
Pues, las licitaciones se realizan con un único oferente en un porcentaje que supera el 70%., indicador que permite señalar que los riesgos de corrupción continúan siendo altos.
Según el Contralor, el Sistema General de Regalías entregó en la práctica una chequera en blanco a las Entidades Territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción. Ni la instancia de los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), ni el Gobierno Nacional, tienen la capacidad para oponerse a una decisión equivocada de una entidad territorial, ni aún en los casos en que los riesgos son evidentes, subrayó.
En este contexto, el papel del Departamento Nacional de Planeación dentro sistema es cuestionado, fundamentalmente por la pérdida de liderazgo en su función prioritaria de orientar el desarrollo regional. El DNP adelanta una amplia gama de tareas operativas y procedimentales que cubren todas las etapas de la gestión de proyectos, convirtiéndose en juez y parte del Sistema de Regalías, indicó.
El Contralor Maya Villazón consideró que el mecanismo de los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) no ha sido efectivo y se hace necesario revisarlo. Aseguró que el OCAD no ha cumplido la función primordial que le asignó la Constitución: ser un espacio de discusión sobre las iniciativas a financiar con los recursos de regalías y priorizar las inversiones; en cambio, los excesivos trámites han traído mayores traumatismos a los entes territoriales contribuyendo a la lentitud de la ejecución de los recursos.
Dijo que no se justifica la existencia de los seis OCAD regionales que funcionan hoy, pues se trata de agrupaciones arbitrarias entre departamentos, en el sentido de no expresar un ordenamiento regional consistente. Al instalar en la Universidad Externado de Colombia el Seminario “Evaluación y Perspectivas de Reforma al Sistema General de Regalías”, convocado con el concurso de esta institución educativa y la Federación Nacional de Departamentos, el Contralor Maya Villazón presentó una radiografía preocupante de los problemas complejos y de diverso orden que afectan este Sistema, de acuerdo a las evaluaciones que ha realizado la CGR.
“Lamentablemente muchos de los problemas detectados son los mismos que se debatían en 2011, cuando se modificó el régimen de regalías”, dijo el Contralor General y mencionó entonces cuatro situaciones que siguen vigentes:
* La dispersión de los recursos, que va de la mano con la financiación de muchos proyectos poco pertinentes.
* La lentitud en la ejecución.
* Los problemas de corrupción.
* Y las debilidades institucionales de muchos de los entes territoriales, que siguen provocando despilfarro y mal uso de las regalías.
* Los recursos se han fragmentado en proyectos de poco impacto
Según expuso el Contralor, con los nuevos criterios de distribución se dispersaron demasiado los recursos de regalías, en particular aquellos que se dirigieron a los más de mil municipios del país; hecho que ha contribuido a que no se estructuren proyectos de envergadura. A lo largo de estos años, los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. Más de 12 mil proyectos aprobados entre 2012 y 2017 – por un valor total de $30,5 billones, y un promedio por proyecto de $2,5 millones – constituyen un indicador crítico de atomización; a lo que se añade que hay más de cien sectores distintos de inversión.
El mayor porcentaje de los proyectos se destina a obras de infraestructura. Sin embargo, de éstos, más de 2 mil proyectos se dirigen a la construcción de distintos escenarios deportivos, culturales o institucionales a los que se destinan cerca de tres billones de pesos, y que superan inversiones en temas tan prioritarios como agua potable y saneamiento básico, vías terciarias, infraestructura educativa, salud, y construcción de vivienda, entre otros.
Recordó el Contralor Maya Villazón que la reforma a las regalías en 2011 estuvo motivada por la intención de que se financiaran grandes proyectos de impacto para el desarrollo regional. Sin embargo, sostuvo, este propósito ha sucumbido ante un diseño institucional que puso los recursos del Fondo Desarrollo Regional, creado para esos efectos, en cabeza de cada gobernación, de tal manera que la posibilidad de que el Sistema
financie proyectos de impacto regional pasó a depender exclusivamente de la voluntad política de los gobernadores, que prefieren financiar obras en sus respectivos territorios. Esto sucede, explicó, porque frente a las restricciones fiscales que han tenido los departamentos, las regalías se han convertido en la fuente de financiación principal de las obras locales para muchos gobernadores. “Adicionalmente, se ha impuesto una visión cortoplacista de muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas expresiones del clientelismo. De esta manera, se limita la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones y, en cambio, se profundiza la corrupción”, aseguró enseguida el jefe del organismo de control.
Maya Villazón se refirió también a la altísima dispersión que tiene la inversión en ciencia, tecnología e innovación con recursos de regalías, con el elevado riesgo de corrupción que esto conlleva, como sucedió en el departamento de Córdoba, donde se dio lo que la Contraloría llamó en su momento una “feria de proyectos de ciencia y tecnología” que generó hallazgos fiscales por $29 mil millones.
Consideró que la estructura actual del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación puso el manejo de estos recursos a depender primordialmente de las decisiones de actores políticos de los departamentos, que generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional.
Además, muchos proyectos no han sido ejecutados por personas idóneas y acreditadas ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. A esto suma, recalcó, que la asignación de los recursos directamente a los departamentos llevó a que, en la práctica, existan 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno. En este sentido, el Contralor consideró que la reforma constitucional al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya reglamentación se discute en el Congreso, corrige solo en parte los problemas que evidencia el mismo.
La conclusión del Contralor Edgardo Maya Villazón es que los problemas del Sistema General de Regalías deben ser resueltos mediante una reforma integral, a partir de un debate sincero, que establezca correctivos de fondo en la dirección de definir un modelo que permita la orientación estratégica y la efectividad de la inversión de las regalías. “Esa es la invitación que hacemos desde este Seminario al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales y a los estudiosos, para ahora SÍ hacer una reforma que permita cumplir con los objetivos de equidad social y equidad regional que requiere urgentemente el país», finalizó.
