La Contraloría General de la República, haciendo uso del control prevalente decidió decretar la intervención funcional de oficio y declararlos de impacto nacional, dos contratos celebrados por la oficina de gestión de riesgos de la gobernación de Casanare, y del Hospital Regional de la Orinoquia, dicha decisión tiene fecha del 30 de abril del presente año. La intervención es sobre todo el proceso contractual.
Los contratos declarados de impacto nacional y que son objeto de intervención funcional por parte del ente de control son: contrato 039 del 3 de abril del 2020, cuyo contratista es Región Plus SAS, el objeto es “suministro de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para fortalecer tecnológicamente los servicios asistenciales ante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el HORO, el valor del contrato es de $1.477.072.275.
El contrato número 0008 del 3 de abril de 2020, cuyo contratista es Aginsa Ingeniería Ltda, el objeto es “realizar la adquisición de equipos biomédicos para fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios en el marco del plan de acción y respuesta ante la pandemia por Covid-19, el valor del contrato es de $1.124.089.564.
La decisión de la intervención funcional por parte del órgano de control ya le fue notificado a las dos entidades en el departamento de Casanare, con esta decisión, ya son 6 los contratos por Covid-19 que están siendo investigados de manera preferente por este órgano de control en Casanare.
