Entre el 60% y el 70% de la población de los municipios de Chámeza y Recetor (Casanare) dejaron sus territorios entre 2002 y 2003, para huir del conflicto armado y las desapariciones forzadas que azotaron la zona durante la arremetida paramilitar
Todos los familiares buscadores de las víctimas de desaparición forzada que hablaron durante la entrega del informe ‘Desapariciones forzadas en Recetor y Chámeza: el exterminio masivo de una comunidad campesina’ tuvieron un punto en común a la hora de hablar: le pidieron a la Comisión de la Verdad y al país en general poder saber la verdad de lo ocurrido con sus familiares y en sus municipios.
La desaparición forzada quizás es el crimen en el que es más evidente la necesidad de la verdad de lo ocurrido, pues los familiares buscadores, además de indagar para tratar de hallar a sus familiares con vida o sus cuerpos para darles sepultura si los encuentran muertos, buscan conocer qué sucedió, cómo fueron llevados sus familiares, quiénes son los responsables, por qué nadie los protegió, entre otras preguntas.
“Sólo quiero decirles que de parte de la Comisión asumimos el compromiso de esclarecimiento de la verdad, les pedimos que nos ayuden a reconstruir esa verdad que a nosotros nos corresponde, la histórica y no jurídica, para saber lo que se fraguó sobre los dos municipios, quiénes daban las órdenes, qué era lo que esperaban. Todo esto para que lo podemos hacer con la fuerza que ustedes se merecen y para que haya una respuesta de la sociedad colombiana para que esta barbarie intolerable vuelva a pasar en Colombia”, expresó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.
El informe fue entregado por la organización Nydia Érika Bautista y Familiares Colombia, en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada que se conmemora el 30 de agosto todos los años. “Queremos revelar la estigmatización de la población civil, calificada como pueblos guerrilleros, lo que significó que el Ejército implementara una estrategia contrainsurgente; tener cédula de allí era suficiente para declarar a la persona objetivo militar”, dijo Yaneth Bautista, directora de la organización.
Este informe recoge casos de noviembre de 2002 a marzo de 2003. “Aunque la región ya estaba marcada por un agudo conflicto armado que venía de los años 80 y 90. Encontramos un parte de victoria del 28 de febrero de 2003, del General Luis García de la Brigada 16 del Ejército, que decía: recuperamos a Chámeza y Recetor, municipios que tenemos totalmente controlados. Más de 300 soldados habían atacado a la población con amenazas, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, explicó Bautista.
Según el Registro Único de Víctimas, en Recetor habitan 2.888 víctimas de las cuales 2.661 fueron desplazadas, en Chámeza habitan 2.626 de las cuales 2.304 fueron desplazadas. “En Chámeza y Recetor hubo una empresa criminal combinada entre paramilitares y militares, según numerosas declaraciones de los paramilitares; sin embargo, de los 18 miembros del Ejército responsables solo dos han sido llevados a la justicia en los 17 años que lleva el proceso”.
El padre Javier Girardo, del Centro de Investigación para la Educación Popular/Programa por la paz (Cinep/PPP), acompañó la entrega del informe y explicó que “el problema de la desaparición forzada en la zona no puede entenderse sin revisar la presencia de las multinacionales petroleras y su apoyo al Ejército y al paramilitarismo. Un asesor de varias de estas multinacionales contó cómo las empresas les pasaban dinero debajo de la mesa al Ejército y ellos a los paramilitares para asesinar, desaparecer, torturar y sembrar el terror en toda esta región”.
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