En un año de investigaciones quedó en evidencia una red de trata de personas señalada de engañar a menores de edad y jóvenes extranjeras para, posteriormente, someterlas a explotación sexual y tratos degradantes. El material de prueba permitió conocer que algunos integrantes de esta estructura se ubicaban en pasos fronterizos de Arauca y contactaban niñas, adolescentes y mujeres, muchas de ellas venezolanas, quienes ingresaban solas o con sus pequeños hijos al país.
Al parecer, les hacían ofrecimientos de trabajo como meseras y las convencían de viajar a Yopal (Casanare). Al llegar a la ciudad, supuestamente, les retenían los documentos de identificación y les exigían pagar los costos del transporte con servicios sexuales que debían ejercer en tres establecimientos nocturnos. Para someterlas, las amenazaban con denunciarlas ante las autoridades por ser migrantes. Las víctimas quedaban confinadas, mientras la deuda iba en aumento. Les cobraban el hospedaje y la manutención, y les imponían multas cuando se negaban a los vejámenes, discutían con los hombres que frecuentaban estos lugares o intentaban escapar.
Las técnicas investigativas desplegadas, el trabajo de agentes encubiertos y el testimonio de tres mujeres, dos de ellas de 15 y 16 años rescatadas en febrero de este año, permitieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) documentar cada una de las actividades ilícitas.
En diligencias judiciales realizadas en Yopal (Casanare) fueron capturadas 10 personas, tres de ellas en condición de flagrancia, que harían parte de esta red de trata. Algunos de los procedimientos se cumplieron en tres establecimientos comerciales, en los cuales fueron encontradas 15 mujeres venezolanas, 4 de ellas menores de edad de 15 y 16 años, a quienes se les reestablecieron sus derechos.
Entre los detenidos está alias ‘Rosa’, la presunta articuladora del andamiaje ilegal y la encargada de contactar las víctimas en los pasos fronterizos; además de sus hijos y otros familiares, supuestos administradores de los negocios nocturnos y los señalados de presionar, amenazar, imponer las multas y mantener encerradas a las mujeres. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas 10 personas los delitos de proxenetismo con menor de edad, trata de personas y concierto para delinquir agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
