Desconcierto generalizado en los habitantes del departamento y en especial de Yopal, ha generado las decisiones asumidas por el gobernador y alcalde de Yopal respectivamente; ello debido a actos administrativos mal presentados.
En el caso de la gobernación de Casanare, causó sorpresa la devolución por parte de la Asamblea al gobierno departamental, de 3 proyectos de Ordenanza, y la cancelación anticipada de las sesiones extraordinarias para la que fue citada. En efecto, el gobierno departamental citó a sesiones extraordinarias a la Asamblea, para el estudio y aprobación de 3 proyectos de Ordenanza relacionadas con traslados presupuestales, escala salarial del gobernador y autorización para cesión de lotes para vivienda de interés social.
Los presuntos errores cometidos por el gobierno departamental radican, en el poco tiempo de sesiones a las que fueron convocados los diputados, ya que en tan solo 4 días se esperaba a que se estudiara, debatiera y aprobara las 3 Ordenanzas, tiempo que no alcanza para dicho trámite.
En el caso de la alcaldía de Yopal, el desconcierto se originó con la expedición de 2 decretos; uno que prolonga la prohibición de parrillero hombre en motocicletas por 3 meses más, y otro mediante el cual se ordena Ley seca.
La prohibición de parrillero ha generado rechazo en un amplio sector de los ciudadanos, ya que según ellos los perjudica ostensiblemente ya que la moto es su medio de trabajo en unos casos, y de transporte en otros.
El segundo decreto, prohíbe la venta y consumo de licor en todo el territorio municipal, como también el funcionamiento de establecimientos de comercio que tengan como actividad la venta y consumo de bebidas embriagantes, desde las 18 horas del 16 de marzo del 2016, hasta las 06 horas del 18 de marzo del 2016,ante esta prohibición, los propietarios de los supermercados y tiendas se preguntan si ¿deberían cerrar sus locales comerciales tal y como lo menciona el decreto?; así se desprende del artículo segundo de dicho decreto, que por cierto, presenta unos garrafales errores de redacción, los cuales no fueron percibidos por ninguno de los 5 funcionarios que firman el decreto.
En ambos casos se puede evidenciar la presunta falta de asesores competentes para las dos administraciones, concluyen varios ciudadanos, quienes se mostraron extrañados ante los notorios errores.
