El 30 de diciembre del 2015, la gobernación de Casanare, firmó el contrato 2117, con la unión temporal Cespa Yopal, el cual tenía por objeto la construcción de la infraestructura del centro de servicio judicial para adolescentes del circuito de Yopal, el valor del contrato es de $3.713.517.792, y tenía un plazo de ejecución de 10 meses, la administración de entonces no alcanzó a firmar el acta de inicio. Extrañamente, el acta de inicio del contrato fue firmada seis meses después de haber sido adjudicado el contrato, es decir, durante la actual administración.
La obra entonces tenía que haber sido entregada el seis de abril del 2017, pero no fue así, a lo largo de los primeros meses de ejecución, se empezaron a presentar una serie de inconvenientes que llevaron a la suspensión y prórroga de la obra en cuatro oportunidades, por lo que la nueva fecha de entrega quedó establecida para el 4 de julio del presente año, situación que ha tenido que ver presuntamente con problemas en los diseños iniciales, pasando por modificaciones de cantidades de obras, entre otros.
A los contratistas les fue entregado el 50% del valor del contrato como anticipo, en el mes de junio del 2016, de igual manera, dicho contrato fue sometido a cambios en las cantidades y valores de obra por las modificaciones a los diseños iniciales; pero es de aclarar, que este contrato no estipula la dotación de la infraestructura, es decir, una vez se entregue la obra, la misma no podrá ser utilizada ya que no se tiene el mobiliario necesario para atender a los menores infractores, lo que llevará a que el edificio sea un elefante blanco más, de tantos que abundan en Casanare.
Frente a este panorama, sería interesante que la administración departamental se pronunciara, ya que se está volviendo costumbre en este periodo que obras que vienen de la anterior administración sufran extrañas demoras, casos como el del parque del agua, y la pavimentación de la calle 40 en Yopal, son algunos de los ejemplos más palpables.
