En el año 2009 el Tribunal Administrativo de Casanare, había negado las pretensiones del apoderado judicial y directivas de ese entonces de Unitrópico, los cuales buscaban que la gobernación de Casanare les girará los recursos equivalentes al 5% de las regalías petroleras durante las siguientes cinco anualidades, autorizadas mediante la Ordenanza 088 del 2000.
Dicha Ordenanza fue derogada mediante la Ordenanza 015 del 2004, ya que para la gobernación, la Ordenanza derogada iba en contravía de la Constitución y la Ley, por destinar recursos públicos para una fundación que se rige por el derecho privado.
La decisión del Tribunal fue apelada por las directivas de entonces de Unitrópico por medio de su apoderado en el año 2009; y sólo hasta el primero de febrero del 2018, el Consejo de Estado emitió fallo, ratificando lo ordenado por el tribunal, es decir, negó las pretensiones de Unitrópico. El monto de los recursos solicitados en la demanda ascendía a cerca de $60.000.000.000 (sesenta mil millones de pesos).
