Por estos días el departamento de Casanare viene padeciendo una lluvia de demandas administrativas por concepto de la figura de “contratos realidad” según Ámbito Jurídico: (El contrato de prestación de servicios se convierte en contrato realidad cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral; de lo que surge el derecho al pago de las prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, recuerda la Sección Segunda del Consejo de Estado), los cuales han sido solicitados por varios trabajadores que prestaron sus servicios a la gobernación bajo la modalidad de las Ordenes de Prestación de Servicios, entre las cuales hay varias que fueron suscritas desde el año 2001.
La última demanda con fallo es la del señor Humberto González Vianchá, quien prestó sus servicios a la gobernación desde el 22 de noviembre del 2001 al 24 de junio del 2014, y a quién mediante la Resolución 0011 del 13 de enero del 2015, le contestan que no existió relación laboral entre el departamento y el demandante, y por ende no tiene derecho al reconocimiento a prestaciones sociales.
El señor González demandó dicha Resolución y el Juzgado Administrativo de Descongestión, falló el pasado 30 de agosto parcialmente a favor del demandante, y ordena al departamento pagarle al peticionario la seguridad social (cesantías, seguridad social, entre otros) desde el 9 de febrero del 2012 hasta el 24 de junio del 2014, con las respectivas indexaciones a que haya lugar, incluyendo el reembolso de los dineros pagados por el peticionario desde la misma fecha. En el fallo el juez, niega las pretensiones presentadas por el demandante en el sentido de que se le reconocieran sus derechos desde el año 2001, ya que había precluido por tiempo.
Con estos fallos, se ponen en riesgo las finanzas de la gobernación ya que son cerca de 50 personas que están acudiendo a esta figura de demanda de “contratos realidad” para buscar el reconocimiento de sus prestaciones y remuneraciones, muchos de los cuales llevan más de 10 años vinculados con al gobernación bajo la modalidad de Ordenes de Prestación de Servicios hoy llamados Contratos de Prestación de Servicios.
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