En el 2020 se cumplió un año de que Colombia firmara el Acuerdo de Escazú, “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” en el marco de los compromisos de la mesa ambiental de la “Gran Conversación nacional” realizada a finales de 2019. El 2020 con el inicio de la nueva legislatura del Congreso de la República (agosto de 2020), el Gobierno presentó el proyecto mediante el cual se ratifica el Acuerdo con mensaje de urgencia, sin embargo, no se llegó ni al primer debate.
Desde el momento de su radicación, los congresistas de las comisiones segundas de Cámara y Senado han hecho tres audiencias públicas virtuales en medio de las cuales se ha desatado un debate intenso entre los gremios industriales, la academia, la sociedad civil y los grupos ambientalistas por las incertidumbres alrededor de este tratado regional.
Las preocupaciones de algunas bancadas de Gobierno, como el Centro Democrático y gremios como la ACP, giran en torno al rigor jurídico, técnico y político que traería la ratificación de Escazú; siendo interpretaciones equivocadas que están dilatando el proceso, ya que este Acuerdo únicamente regula los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales y, si bien es cierto, que la legislación colombiana establece garantías en esos tres derechos, aún los mecanismos actuales son difíciles de ejecutar y es necesario fortalecerlos.
No se puede olvidar que Colombia se caracteriza por ser un país con conflictos ambientales, y la falta de información y la escaza participación de las comunidades lleva a las consecuencias posteriores de los diversos proyectos industriales. El Acuerdo contribuye a prevenir estas deficiencias y podría garantizar unos estándares mínimos en aspectos ambientales para las actividades humanas.
También, con el vergonzoso puesto del país más peligroso del mundo para los lideres ambientales, es urgente buscar alternativas para la protección de estas personas y la implementación de Escazú para la defensa de estos líderes, puede contribuir a su seguridad. Por tal razón, se esperar que para el 2021 se empiece con el primer debate de este proyecto de ley y se concrete la ratificación de este tratado regional.
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