En el año 2005, en la administración del gobernador Miguel Ángel Pérez se creó en asocio con las alcaldías de Hato Corozal, Nunchía, Pore, Támara, San Luis de Palenque, Trinidad y Orocué, una empresa denominada Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Norte de Casanare Cepronorca, la cual tiene como objeto apoyar con asistencia técnica a los municipios en la implementación de proyectos productivos, de cadenas productivas, entre otros. En el año 2005 siendo secretario de agricultura departamental el actual Representante a la Cámara por Casanare Jorge Camilo Abril Tarache, se realizó la primera Asamblea de Fundadores de Cepronorca, en la cual se establecieron los estatutos, patrimonio, órganos de dirección, presupuesto y representante legal.
Desde entonces Cepronorca se ha dedicado a contratar con varias alcaldías, incluyendo varias que no son socias fundadoras, como son los casos de Monterrey contrato número 348 del 2016, por valor de $108.883.168 y Villanueva contrato 126 del 2016 por valor de $123.213.710. Adicionalmente a estas contrataciones, los municipios socios de Cepronorca deben girarle recursos para su funcionamiento, como por ejemplo la alcaldía de San Luis de Palenque, quien en el año 2012 le giró $10.000.000 por este concepto, según el Acuerdo municipal 09 del 2012.
La representante legal de Cepronorca es la profesional Elsa Lubelia Amaya Gutiérrez, tiene sedes en Yopal y Pore; el equipo de suversion.com.co solicitó por medio de derecho de petición a la Secretaría de Agricultura Departamental, información con relación a Cepronorca, como por ejemplo, copias de las actas de socios fundadores, informes de junta directiva e informes de gestión de la representante legal, pero lo único que hemos recibido como respuesta es un documento con la copia del envío vía correo electrónico a Cepronorca de nuestro derecho de petición, sin que dicha empresa lo haya contestado. Lo que llama la atención es que siendo la Gobernación de Casanare y siete alcaldías del departamento dueñas de Cepronorca, no tengan información de dicha entidad, es decir, ¿Cepronorca no les rinde cuentas?, ¿no los convoca?, ¿es Cepronorca pública?.
Lo único que hemos podido establecer, es que el Consejo de Estado tiene para fallo una demanda laboral impuesta por el señor Sergio Alberto Mejía, por el no pago de salarios y prestaciones sociales por valor de $167.869770, de llegar a fallarse en contra de Cepronorca, la Gobernación de Casanare y las siete alcaldías, entrarían a responder solidariamente por la deuda.
De igual manera, es bastante extraño que siendo Cepronorca creada por entidades públicas y con recursos públicos, la Contraloría Departamental no la tenga incluida en su Plan General de Auditorías, ni que las administraciones tanto departamental como municipales, la tengan entre sus respectivos informes de empalme, es como si Cepronorca fuera un ente privado, manejando recursos públicos sin rendirle cuentas a ninguna autoridad.
Seguiremos investigando sobre esta “empresa”, sería interesante saber por qué la gerente no le contesta al secretario de agricultura departamental, por qué la gerente no convoca a la junta directiva, por qué la Contraloría Departamental no le hace auditoría, por qué los concejos municipales autorizan el pago de sostenimiento, a dónde van a parar las ganancias de los contratos que celebra con las alcaldías, entre otros.
