Con la reciente aprobación de la reforma pensional en Colombia, se establecen nuevas normativas que transforman las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente aquellos que laboran bajo contratos de prestación de servicios. A partir del 1 de julio de 2025, las empresas tendrían la obligación de asumir el pago de la seguridad social para estos contratistas, este cambio es significativo, ya que busca garantizar mayor equidad y cobertura en el sistema de seguridad social, mejorando las condiciones laborales de miles de colombianos que hasta ahora deben cubrir estos costos de manera independiente. Esto genera inestabilidad y limita el acceso a beneficios sociales.
Las empresas deberán cubrir los tres pilares fundamentales del sistema de seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales. En primer lugar, el aporte a salud garantiza a los trabajadores acceso al sistema de atención médica, servicios hospitalarios y tratamientos necesarios. En segundo lugar, el aporte destinado al sistema pensional asegura una jubilación futura, contribuyendo a la estabilidad económica en la vejez. Por último, el aporte a riesgos laborales cubre accidentes o enfermedades derivadas de las actividades laborales, asegurando atención y compensaciones en caso de incidentes relacionados con el trabajo.
La importancia de esta medida radica en su contribución a un esfuerzo más amplio por fortalecer la seguridad social en el país, al trasladar esta responsabilidad a las empresas, se busca reducir la informalidad laboral y asegurar que más trabajadores accedan a beneficios como pensiones y atención en salud. Asimismo, se promueve una mayor equidad en el sistema, independientemente del tipo de contrato bajo el cual laboren.
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