Gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública y pese a la pandemia, la Unidad de Restitución de Tierras inició labores en los sectores rurales de los municipios de Mapiripán, Lejanías, El Castillo y Vistahermosa en el departamento del Meta; al igual que en Sácama, La Salina y Hato Corozal en Casanare; zonas donde antes no había podido llegar por restricciones en materia de seguridad.
El Ejército y la Policía Nacional garantizaron la seguridad en 159 salidas a terreno en los llanos orientales.
La restitución de tierras en los llanos orientales no se detuvo a pesar de la pandemia y por el contrario durante el 2020 llegó a sectores a los que antes no se había podido ingresar por restricciones de seguridad. Esta hazaña que permite atender más de 3.000 solicitudes se logró gracias a la presencia de la Fuerza Pública que mejoró las condiciones en las siete nuevas zonas que fueron micro focalizadas en los departamentos de Meta y Casanare.
Así lo anunció el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton Roldán, quien dijo que los funcionarios de la entidad iniciaron labores de terreno en las siete nuevas zonas habilitadas por el Ejército y la Policía de la siguiente forma: Mapiripán, que cuenta con 1.466 solicitudes, Lejanías con 170, El Castillo con 531 y Vistahermosa con 904; al igual que en Sácama que registra cuatro solicitudes, La Salina 12 y Hato Corozal 106.
El funcionario agradeció el constante acompañamiento de la Fuerza Pública en las labores de georreferenciación y reportó que el proceso de prevención, protección y seguridad en la Dirección Territorial Meta realizó en 2020, 28 Comités Integrados de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), dos Comités Operativos Locales de Restitución de Tierras (COLR), 159 salidas a terreno acompañadas por Ejército y Policía, y se desarrollaron 12 reuniones de coordinación para garantizar la seguridad de los colaboradores de la Unidad y de los solicitantes en Meta, Casanare, Guaviare y Vichada.
Por otra parte, el funcionario reafirmó la disposición de los colaboradores de la Unidad para atender las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos y recordó que dichas peticiones serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020, que en su artículo 5 amplió los términos para atender las peticiones durante la vigencia de la emergencia sanitaria.
Al respecto, la nueva normativa amplió los términos así: “(…) toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción”.
Lo anterior con el fin de reiterar y dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía frente a sus peticiones, todas serán atendidas pese a que los tiempos se hayan ampliado.
