La Superintendencia de Puertos y Transporte reveló que el 58 por ciento de los municipios del país (653) no tienen autoridades de control operativo de Tránsito y reportaron 856 muertes por accidentes viales en 2017, lo que corresponde al 13 por ciento del total nacional.
Para el caso de Casanare, 16 de los 19 municipios no cuentan con autoridades de control de tránsito, lo que equivale al 84%, y durante el 2017 se presentaron en estos municipios 45 muertes en accidentes de tránsito, lo que equivale al 49%.
La entidad de control, a través de su Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (Cemat), adelantó un estudio en el que analizó la cobertura de las autoridades operativas de Tránsito en los 1.122 municipios del país, en los cuales hay 8,6 millones de habitantes (17% del país) y en donde no se hace ninguna clase de control a las normas de Tránsito, pese a que hay matriculados 2,1 millones de vehículos (16% del parque automotor nacional).
“En estos municipios no hay autoridad que garantice la seguridad en las vías. Por ejemplo, si una persona sale a conducir en estado de embriaguez, no hay un policía ni un guarda de Tránsito que esté atento a imponerle una infracción, inmovilizarle el vehículo y suspenderle la licencia. Esto se debe a la falta de gestión de las autoridades regionales, sean municipales o departamentales”, señaló el superintendente Javier Jaramillo, durante su participación en el Congreso Internacional de Seguridad Vial, que se realizó en Medellín.
El porcentaje de municipios sin cobertura de control en algunos de los principales departamentos del país es el siguiente: Boyacá (81%), Magdalena (80%), Norte de Santander (80%), Nariño (78%), Bolívar (76%), Meta (76%), Santander (75%), Huila (62%), Tolima (62%), Risaralda (43%), Quindío (42%), Antioquia (36%), Valle del Cauca (31%) y Caldas (30%). (Ver Tabla 1).
Antioquia registró en 2017 el mayor número de muertes por accidentes de Tránsito en municipios sin control, con 91 víctimas; seguido de Boyacá (71), Huila (60), Cesar (56), Santander (54) y Tolima (53).
Una vez hecho el análisis, la Supertransporte caracterizó los municipios sin control en tres grupos, teniendo en cuenta las siguientes variables: número de habitantes, acceso a la red vial (necesidades de movilidad) y la participación de cada municipio en el PIB (capacidad adquisitiva).
La entidad concluyó que 40 municipios (6%) deben tener autoridad operativa propia o convenio con la Policía Nacional, debido a la alta población y cantidad de vehículos que circulan; otros 260 municipios (40%) deben tener apoyo de las autoridades departamentales, ya que presentan altas condiciones de movilidad; los 353 restantes (54%) no tienen complejidad en su movilidad, pero su acceso vial restringido y el bajo número de vehículos matriculados hacen que el apoyo de las
gobernaciones sea necesario, pero con un menor esfuerzo administrativo y operativo.
Jaramillo recordó que, desde septiembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación impartió una directriz a todas las gobernaciones y alcaldías para que dispongan de los medios necesarios para adelantar las acciones de control, con el fin de hacer cumplir la normatividad de Tránsito y Transporte y aumentar la seguridad vial en todo el país.
“La Procuraduría fue muy clara en establecer que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, puede ingresar a todos los municipios del país para ejercer controles, dado que es la primera autoridad de carácter operativo del país”, recalcó Jaramillo.
