La Unidad de Restitución Tierras ha radicado 123 demandas para restablecer los derechos territoriales de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, y solicitó medidas cautelares tendientes a proteger los territorios indígenas de ese departamento llanero.
La Unidad de Restitución de Tierras está comprometida con brindar acompañamiento jurídico y lograr que los reclamantes vuelvan a su tierra. Todos los solicitantes serán atendidos y en esa gestión los equipos de trabajo de la Unidad están a toda marcha tramitando las solicitudes para cerrar los casos de la etapa administrativa.
En el caso del Casanare, ha recibido un total de 1.427 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales 1.400 están habilitadas por la Fuerza Pública para ser intervenidas. A la fecha, se han adoptado 1.097 decisiones de fondo en la etapa administrativa, lo cual representa el 78% en las respuestas a estas reclamaciones.
El anuncio lo hizo el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, quien indicó que se han radicado 123 demandas ante los jueces y magistrados de restitución y se tienen 319 casos en trámite vigente, lo cual es muestra del compromiso de los colaboradores de la entidad para avanzar en el restablecimiento del derecho de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en Casanare. Hasta el momento, los jueces de restitución han emitido cuatro sentencias.
El director Leyton señaló que el departamento de Casanare está siendo intervenido en su totalidad gracias a que se cuenta con el aval de la fuerza pública. Desde finales de 2020, las labores de la Unidad se extendieron a Sácama, La Salina y Hato Corozal, donde antes no se había podido llegar por falta de condiciones de seguridad.
De las 1.427 solicitudes de restitución de tierras en Casanare, 143 corresponden a Tauramena, 134 a Maní, 132 a Orocué,126 a Aguazul, 107 son de Hato Corozal, 105 de Monterrey, 104 de Yopal, 94 son de Pore, 88 corresponden a Trinidad, 75 a Nunchía, 74 a San Luis de Palenque, 39 son de Villanueva, 39 de Sabanalarga, 36 de Támara, 20 son de Chámeza, 15 de Recetor, 12 de Sácama y 4 de La Salina.
En 2020, la Unidad solicitó ante la autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares en favor de las 108 familias del Resguardo indígena Chaparral -Barro Negro, y de 2.703 habitantes de la comunidad Caño Mochuelo, con el fin de lograr medidas eficaces y oportunas para frenar las afectaciones territoriales que afrontan.
Finalmente, Leyton invitó a las víctimas del despojo y abandono forzado en el departamento de Casanare, para que presenten sus solicitudes y hagan uso de los canales virtuales de atención. Los interesados pueden llamar a las líneas de atención 3134221626 y 3144378490 y al correo atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co.
