Recientemente la gobernación de Casanare dio a conocer que se logró la aprobación de un proyecto en el OCAD por valor de $5.750.000.000, para beneficiar a la población con discapacidad del departamento, en cuanto a estrategias de seguridad alimentaria y nutricional, el número de beneficiarios es de 500 personas, entre personas con discapacidad y familiares.
Esta población ya había sido beneficiada por el gobierno departamental anterior, con 2 proyectos similares, los cuales sumaron $8.510.811.607, ambos proyectos beneficiaron a 400 familias, y tuvieron el mismo tiempo de ejecución, 11 meses cada uno, los dos proyectos son de los años 2018 y 2019.
Los proyectos contemplaron la realización de una serie de talleres que iban desde enseñarles a preparar alimentos nutritivos, hasta comercializar los productos generados en los galpones que se le suministró a cada familia, para que tuviesen ingresos a futuro y de esa forma poder mejorar la calidad de vida de esas familias.
En el proyecto aprobado este año, también se contempla la realización de talleres, instalación de galpones, huertas y talleres a 500 familias con personas con discapacidad, es decir, seguirán realizando las mismas actividades de los años anteriores. Ante ello, sería interesante que la administración departamental diera un informe con relación al seguimiento que se la ha hecho a las familias beneficiarias de los 2 contratos anteriores, donde se incluya cuantos galpones están funcionando, cuantas familias se siguen beneficiando de los proyectos anteriores, cuantas huertas aún siguen cultivándose, que ingresos se les está generando a esas familias, como es la selección de las familias beneficiadas.
Los anteriores interrogantes surgen de la misma ley de regalías que establece que máximo se pueden aprobar dos proyectos consecutivos de esta naturaleza, ya que se busca el auto sostenimiento de las familias a futuro, debido a que los recursos de regalías son pasajeros.
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