En la alcaldía de Villanueva (Casanare) impera el desorden en el manejo de las finanzas públicas, al punto que la administración municipal certificó que con corte al primero de enero del 2018 no se tenía cartera causada para el impuesto Predial, dicha información fue certificada por la administración municipal, es decir, que en ese municipio el 100% de los propietarios pagaron puntualmente dicho impuesto. Situación que no es cierta, ya que revisada a fondo los estados financieros, se pudo constatar que hay una cartera por este concepto por valor de $321.396.294, la cual viene desde el año 2000, y el municipio no la ha cobrado. Pero esta falta de cartera tiene otro problema adicional, el municipio no ha realzado la actualización catastral que según la norma debe ser cada 5 años, es decir, en Villanueva se paga el mismo valor del predial año a año.
El anterior hallazgo se suma a otros que evidenció una auditoría realizada por la Contraloría Departamental de Casanare, para la vigencia 2018, en la cual además de evidenciaron fallas en los procesos contractuales al no cumplir con los principios de planeación, economía y legalidad, entre otros, de igual manera se hallaron convenios sin liquidar de vigencias anteriores, varios de ellos firmados hace 15 años. En otros contratos se estableció que no hay concordancia entre las fechas de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales, pues hay varios contratos cuyos registros son posteriores a la fecha de firma del mencionado contrato. En otros casos los procesos contractuales son publicados extemporáneamente en la plataforma del Secop.
De otra parte, el ente de control halló que la administración municipal modificó vía Acuerdo municipal el plan de desarrollo del municipio, situación que tuvo lugar en junio del 2018, en dicha modificación se eliminaron metas pero se les dejaron los recursos, es decir, presupuesto para metas en 0, se modificaron 90 metas en línea base y en su formulación. Aunado a lo anterior, según la modificación del plan de desarrollo en junio del 2018, quedaron establecidas 185 metas de producto, de las cuales se cumplieron totalmente el 31% de esas metas, un 27% se cumplieron parcialmente y un 42% de las metas no se cumplieron, y el 30% de las metas no ejecutó el presupuesto, otro 12% no ejecutó ni programó presupuesto.
El informe final de la auditoría arrojó 22 hallazgos administrativos, 18 disciplinarios y 3 fiscales por valor de $374.915.566.
