Un nuevo capítulo se escribió ayer alrededor de la legalidad o no de la empresa de servicios públicos de Yopal Ceiba, ello debido al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, que no aceptó las objeciones presentadas por la gobernación de Casanare al acuerdo municipal que le dio vida a dicha empresa.
Según el Tribunal Administrativo, la creación de Ceiba el legal, y se ciñe a la Constitución y la Ley, y por ende, todo lo actuado debe volver a su inicio. Ahora queda pendiente que el juez que lleva la acción popular, levante o no las medidas cautelares que tiene a dicha empresa sometida en una incertidumbre, la cual no le permite asumir en pleno sus funciones.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo, dejo al descubierto la falta de coherencia entre los abogados defensores de la administración municipal, casos concretos el ex asesor jurídico, el gerente encargado de la Ceiba y la oficina de defensa judicial municipal; según el alto tribunal “no puede pasarse por alto la insólita actitud de quienes comparecieron al proceso en representación de Yopal; uno para defender el acuerdo glosado y el otro para atacarlo. Nada sorprendería si se tratara de dos agentes que obedezcan a centros decisorios diferentes, como lo son el alcalde y el concejo. Lo que sorprende es semejante contradicción entre los dos voceros institucionales del alcalde. De ello no se deriva más que el pasmo que produce al juez la falta de coherencia entre quienes deben velar por los intereses del común en estor trámites judiciales”.
Queda claro entonces, que ni la propia alcaldía se pone de acuerdo para defender o no la creación de la empresa, todo queda en manos del juez que lleva la acción popular interpuesta por Leonardo Puentes.
