Los ciudadanos en Yopal han venido protestando porque varias instituciones públicas estaban contratando profesionales de otras regiones que no viven en el departamento, como por ejemplo Ceiba con la gerente Clarena López, a quien la ex alcaldesa Zoila Ángulo, trajo de Santa Martha, pues bien, resulta que dicha empresa no es la única, ya que la Personería municipal de Yopal, también está haciendo lo mismo.
Es el caso del personero delegado para la vigilancia administrativa Edwin Alberto Urrutia Herrera, quien es oriundo de Bogotá, pero residía en Sogamoso antes de ser nombrado; otro importado es el asesor en “aspectos relacionados con el fortalecimiento de la gestión de control en la vigilancia administrativa”, Luis Alberto Valcárcel Jurado, el cual, según el contrato 003 del 16 de enero del 2018, va por 11 meses, con unos honorarios de $7.500.000, este asesor, se ha desempeñado laboralmente durante los últimos años en Boyacá. Este abogado concurso en el 2017 para ingresar al Sena Regional Boyacá, pero perdió la prueba.
De igual manera, según el contrato 001 del 17 de enero del 2018, fue vinculado el señor Gelber Correa Barrantes, por un tiempo de 11 meses, con honorarios de $2.900.000, y su labor consiste en “brindar apoyo profesional en el seguimiento a la ejecución y estado de las obras públicas, en apoyo a las actividades de la personería”, su actividad laboral la ha desarrollado en Boyacá, especialmente en la alcaldía de Iza.
Javier Alfonso Galindo Perico, será el encargado de asesorar y capacitar a la personería municipal de Yopal, en el fortalecimiento de la gestión de control en la vigilancia de derechos humanos, por un tiempo de 11 meses, con honorarios de $7.500.000 mensuales, este señor estuvo participando de los juegos de los servidores públicos, como funcionario de la Agencia Colombiana de Reintegración, es de Boyacá.
Finalmente, el personero no encontró periodistas en Casanare, e importo desde Boyacá a Camila Stefany Parada Pineda, quien se graduó en el 2017 de comunicadora social en Uniboyacá, y no tiene los tres años de experiencia profesional que se menciona en la invitación pública, y quien se vinculará (el contrato aún no está publicado en el Secop), por 11 meses, con un salario mensual de $2.200.000.
