Desconociendo una consultoría contratada por la administración municipal anterior, que arrojó como resultado adelantar una licitación pública para la operación del Macroacueducto de Monterrey, el actual gobierno pretende celebrar convenio con Acuatodos por 6 meses para la puesta en funcionamiento de esta obra.
Así quedó establecido en la socialización de proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde, para que con vigencias futuras del año 2018 apalancara recursos para este proceso. El total del contrato asciende a los 522 millones de pesos.
Según habitantes del municipio y concejales, no se ha podido establecer cuáles son los alcances específicos del convenio. Solo se conoce la decisión unilateral del alcalde de adelantar el proceso contractual con Acuatodos. Empresa que, según comentarios en el recinto del concejo municipal, no brinda las garantías necesarias para garantizar el servicio del acueducto rural.
El concejal Jaime Avendaño Barrera, le solicitó al ejecutivo municipal, suspender ese proceso, debido a los problemas que ha venido presentando la empresa departamental. Citó en el debate, los pronunciamientos de la Asamblea Departamental referentes al incumplimiento en la labor misional y objeto social, los problemas financieros de la misma y un informe de la Contraloría de Casanare, donde dio concepto desfavorable en el control de gestión.
Para el concejal, no hay claridad por qué se escogió a dedo esta empresa. “He solicitado en varias sesiones copia de los resultados de la consultoría y no ha sido posible su entrega. Igualmente no conocemos las razones de orden, técnico, administrativo y legal de por qué se escogió a Acuatodos”, dijo Avendaño Barrera.
El proyecto de acuerdo se tramitó con mensaje de urgencia por parte del alcalde en seis días, siendo aprobado por mayoría. Nuevamente el concejal de la Alianza Social Independiente cuestionó este caso. Además, dijo, que en seis meses no se garantiza la solución a la problemática de agua de estos sectores. “Me preocupa es que le estemos mandando un salvavidas económico a una empresa en problemas financieros, cuestionada por la duma departamental y a la cual no le podemos hacer control político. Se debió realizar ese proceso con la empresa de nuestro municipio”·
En el mismo sentido se pronunció compañero de bancada Paulino Mora Amaya, quien recordó la nefasta obra que contrató Acuatodos en Monterrey. “No me genera nada de confianza este proceso. No olvidemos que se ha gastado una cuantiosa cantidad de recursos en la PTAR. Obra que por los problemas en la ejecución, no ha sido posible la entrega a la empresa municipal de servicios públicos”.
La preocupación no solo fue de los concejales. La comunidad que asistió al debate también hizo sus reparos. Los comunales denunciaron que los ramales aún no se han terminado y que en muchos sectores no les llega el agua.
El acuerdo se encuentra listo para sanción del alcalde Orlando Martínez Ávila. Una vez surta ese trámite, se hará efectivo el convenio, el cual se debe firmar el 10 de noviembre. Fecha límite establecido para que inicie la ley de garantías.
