Durante los últimos años en el departamento se nos ha hecho costumbre escuchar hablar de “elefantes blancos”, “obras inconclusas”; “falta de planeación”, entre otras, para tratar de explicar la gran cantidad de recursos económicos en obras que supuestamente iban a traer desarrollo a Casanare, casos como el parque de las aguas, los megacolegios de varios municipios, la pavimentación de vías importantes para los campesinos, fabricas como la planta de yuca, la planta de beneficio animal de Yopal, entre otras, todas ellas con el lastre de ser obras que durante muchos años se han venido construyendo, pero que aún, no prestan un buen servicio.
Ante tanta desidia, la rama judicial con presencia en el departamento ha venido “administrando” los presupuestos tanto departamentales como municipales, por medio de acciones populares que han interpuesto ciudadanos cansados del despilfarro oficial. Es que la cifra de este mecanismo de participación ciudadana bordea las 1000, en todo el departamento, y es por ende, que el tribunal Administrativo de Casanare, y los dos Juzgados Administrativos de Yopal, se han convertido con sus sentencias en “alcaldes y gobernadores”.
Acciones Populares que van desde la terminación de un megacolegio, hasta la simple demarcación de una vía, son el pan de cada día en los despachos judiciales de la jurisdicción, en una clara alusión al fracaso de la administración pública en el departamento.
Ante este panorama, asaltan una serie de inquietudes, como por ejemplo: ¿Qué clase de empalme han hecho en el departamento los gobernadores y alcaldes salientes y entrantes?, ¿cómo es posible, que una obra como el parque de las aguas lleve 17 años sin ser terminada?, ¿Qué clase de diagnósticos se hicieron y se hacen en los planes de desarrollo tanto departamental como municipales?, ¿desconocen los mandatarios la Ley de empalme?, ¿las administraciones desconocen lo que significa la planeación?.
Al paso que vamos, va a ser más barato y fácil no elegir mandatarios, sino por el contrario, dejar que los magistrados y jueces sigan ejerciendo la rama ejecutiva, ya que las ordenes que impartan es de obligatorio cumplimiento so pena de incidentes de Desacato, los cuales van desde multa económica, hasta cárcel, como le sucedió a la exalcaldesa encargada de Yopal, Luz Marina Cardozo.
Aún siguen pendientes de sentencia las acciones populares del río Cravo Sur, Ceiba, Setty; la vía Marginal de la Selva a la entrada al Hospital Regional, la del hospital de Paz de Ariporo, entre otras, lo irónico, es que una vez se dicten las sentencias, ya se han de haber registrado nuevas acciones populares, que continuarán con el circulo vicioso de la falta de planeación y administración. Será que ¿se logra cambiar la mentalidad o seguiremos siendo administrados por los jueces?.
