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Este es el ABC de la responsabilidad social empresarial

En el departamento de Casanare, hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo en las protestas sociales contra las empresas petroleras, que ellas, no tiene sentido de Responsabilidad Social Empresarial, pero, ¿conocemos qué significa eso?, ¿Cómo se hace?, en el presente artículo publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, el día 9 de julio del 2018, les explicamos de que se trata.

Por: Conflictos asociados al desarrollo-Pares

Autor: Juan Diego Castro

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hace referencia a una forma voluntaria y ética de hacer negocios en la cual las empresas buscan integrar en su gestión y sus prácticas asuntos prioritarios de orden económico, social y ambiental, así como generar beneficios a personas y grupos que van más allá de sus accionistas y propietarios.

En un sentido amplio, la RSE se caracteriza por:

1. Ser voluntaria, en el sentido de que no está obligada por la ley. En muchos casos, sin embargo, la RSE se da en respuesta a las exigencias establecidas por diferentes grupos de presión.

2. Basarse en un comportamiento ético y transparente. El primer paso para que una empresa sea socialmente responsable es cumplir con la ley y hacerlo sin trampas ni atajos. En el ámbito de la RSE, la cultura del todo vale no es aceptada. Por ello se promueve la socialización amplia y permanente de sus avances y obstáculos.

3. Incorporar un enfoque de sostenibilidad, ya que promueve la creación de riqueza en armonía con la inclusión social y la preservación ambiental.

4. Mitigar los impactos de la operación, en el sentido de que procura que su aporte intencional o no intencional a las dimensiones económica, social y ambiental sea, como mínimo, no negativo.

5. Beneficiar a sus grupos de interés, como lo son los propietarios, directivos, trabajadores, proveedores, distribuidores, clientes, comunidades locales y Estado. Es decir, socializar los beneficios generados por la empresa entre grupos que están dentro y fuera de la empresa.

Con la evolución de las prácticas de la responsabilidad social empresarial, parte de lo que en un inicio era voluntario se ha vuelto obligatorio. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas de las exigencias impuestas por el Estado a las empresas del sector

extractivo en materia de contratación de mano de obra local (calificad y no calificada) y de acciones mínimas para mitigar o compensar el daño ambiental.

Las empresas concentran sus esfuerzos en materia de responsabilidad social en torno a los asuntos que son materiales, es decir, aquellos temas económicos, sociales y ambientales que son importantes (o muy importantes) tanto para la empresa como para sus grupos de interés internos y externos. Más exactamente, Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, así como los aspectos que influirían notablemente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés (GRI 2013, Parte I).

Para definir cuáles son los asuntos materiales y qué hacer al respecto, las empresas suelen identificar quiénes son sus grupos de interés prioritarios y luego abrir espacios de diálogo permanente para conocer sus preocupaciones, intereses y necesidades más acuciantes. El resultado de este ejercicio suele formalizarse en una política de responsabilidad social y sostenibilidad, cuyos avances se socializan cada uno o dos años por medio de las llamadas memorias de sostenibilidad.

Los asuntos materiales que son más frecuentes en las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad de las empresas del sector minero-energético son:

Económica

1. Desarrollo de proveedores: Apoyo a pequeñas y medianas empresas para que puedan ofrecer productos y servicios de calidad.

2. Compromiso con el trabajo en la zona de operación: Vinculación laboral de personas pertenecientes a las comunidades radicadas en las zonas de influencia de la operación de las empresas del sector.

3. Planes locales de desarrollo: Apoyo a la administración local y a la sociedad civil para la formulación participativa de los planes de desarrollo local.

Social

1. Salud y seguridad en el trabajo: Implementación de programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se aplique a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad relacionados con enfermedades graves.

2. Debida diligencia en derechos humanos: Utilización de una estrategia de relacionamiento con grupos de interés, y de mecanismos de respeto a los derechos humanos.

3. Inversión en comunidades locales: Desembolso de recursos para apoyar iniciativas relacionadas principalmente con educación, arte, cultura, salud, infraestructura y proyectos productivos a favor de las comunidades locales.

4. Transparencia y lucha contra la corrupción: Implementación de medidas anticorrupción y rendición de cuentas.

5. Fortalecimiento institucional: Generación de alianzas estratégicas con la institucionalidad local, el apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas, el acompañamiento a iniciativas locales gubernamentales y el fomento de espacios de participación.

6. Reconstrucción del tejido social: Establecimiento concertado de mecanismos de diálogo y resolución de conflictos con los grupos de interés, así como la promoción de discusiones y relacionamiento entre diferentes tipos de actores.

Ambiental

1. Gestión del agua: Cálculo y comprensión de la escala general de los impactos y los riesgos potenciales asociados con la captación total de agua, las fuentes que han sido o pueden ser afectadas significativamente por la actividad, y propensión por el esfuerzo continuo en la monitorización y mejora en el manejo del recurso, como la reutilización y el reciclaje del mismo.

2. Cuidado y conservación de la biodiversidad: Identificación de los riesgos asociados con la biodiversidad, reporte acerca de los impactos potenciales sobre terrenos que son cercanos a áreas bajo protección legal o de alta diversidad biológica, descripción de los impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad y desarrollo de estrategias para su mitigación, asegurando la integridad de los hábitats naturales.

3. Calidad del aire: Búsqueda del control del volumen y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el rediseño de procesos, la conversión y adaptación de equipos, la sustitución de combustibles y el cambio de conducta de los empleados, entre otros.

4. Gestión de residuos: Reducción del impacto ecológico mediante actividades como la mejora progresiva de la calidad de agua vertida o la reducción de su volumen, el tratamiento correcto de los efluentes, así como la implementación de diferentes tipos de métodos y tratamientos de los residuos, como reciclar, clasificar y gestionar los residuos peligrosos o incrementar esfuerzos para evitar derrames, entre otros.

En síntesis, la RSE impone a las empresas de todos los sectores económicos –incluyendo el minero-energético¬– altos estándares en materia económica, social y ambiental, con el fin de que los negocios pueden hacer aportes efectivos y medibles al desarrollo sostenible. De hecho, en respuesta a la presión de diferentes grupos de interés, el aumento en las exigencias de la legislación y la mayor concientización de los altos directivos, en Colombia las empresas del sector minero-energético son líderes y referentes en materia de sostenibilidad.

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