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Fiscalía realiza primera imputación por el delito de tráfico de fauna

La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos personas que tenían en su poder animales silvestres y, al parecer, pretendían comercializarlos en Bogotá. En uno de los casos se imputó por primera vez el delito de tráfico de fauna, el cual se creó en la Ley de Delitos Ambientales, sancionada el pasado 29 de julio.

Los hechos están relacionados con una alerta que recibieron las autoridades sobre el traslado de tortugas de Montería (Córdoba) a Bogotá, con el fin de venderlas. En las labores de verificación de la información, unidades de la Policía Nacional se trasladaron al barrio Galán y capturaron a Gerardo Enrique Álvarez Tejada, quien transportaba 11 tortugas morrocoy en una caja.

Los animales quedaron a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para la atención integral y garantizar su posterior regreso al hábitat natural. Las valoraciones evidenciaron que las especies estaban en alto grado de deshidratación, algunas presentaban bajo peso corporal y deformaciones en sus caparazones producto de las malas condiciones de alojamiento, nutrición y movilización.

Por estos hechos, la Dirección Seccional de Bogotá, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó a Álvarez Tejada el delito de tráfico de fauna agravado. El fiscal coordinador de Gelma, Alejandro Gaviria, recordó que capturar, vender o comprar fauna silvestre son conductas que generan graves consecuencias físicas y emocionales a los animales que, además, se exponen a tratos crueles durante el proceso de ocultamiento y transporte ilegal.

Comercialización ilegal de erizo

El 24 de marzo de 2020, la Policía Nacional y la Secretaría de Ambiente recuperaron un erizo que, al parecer, iba a ser vendido en uno de los locales de la plaza de mercado de la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. Durante la inspección se constató que se trataba de una especie conocida como erizo africano, la cual está protegida, no puede ser comercializada ni domesticada. La Fiscalía imputó el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales a Luis Oswaldo Hernández, el hombre que tenía al animal expuesto.

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