En una rápida y articulada acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fue identificado y capturado el presunto responsable de las agresiones sexuales contra, por lo menos, seis niños que estaban al cuidado de una guardería del barrio Santa Cruz, en Medellín (Antioquia).
El procedimiento se cumplió en Santa Rosa de Osos (Antioquia). El detenido, quien se desempeñaba en el jardín como agente educativo auxiliar de nutrición, será presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputará los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados.
“Para la Fiscalía General de la Nación la vida y los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad, por eso colocamos toda nuestra capacidad para su defensa y el esclarecimiento de los hechos delictivos que los afecten”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, al dar a conocer este resultado judicial.
Inicialmente, los hechos fueron denunciados por los padres de uno de los menores de edad afectados, el pasado 28 de junio. Posteriormente, más familiares se acercaron al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Medellín y pusieron en conocimiento las agresiones sexuales contra sus hijos y detallaron el inusitado cambio de comportamiento que habrían tenido en los últimos días.
De inmediato, la Fiscalía General de la Nación activó una ruta de atención conformada por un equipo con enfoque diferencial y de género, de la que hacen parte cinco fiscales (uno del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y cuatro de la Seccional Medellín), además de psicólogos, médicos forenses e investigadores del CTI y la Policía Nacional.
Este equipo interdisciplinario ha avanzado en la recopilación de abundante material de prueba contra el señalado agresor. Por ahora, los elementos obtenidos dan cuenta de que, por lo menos, seis menores de edad habrían sido abusados.
En el curso del proceso investigativo, se articuló con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para poner en marcha los mecanismos para el restablecimiento de los derechos de los niños afectados.
Adicionalmente, se solicitó el acompañamiento del Ministerio Público y se pidió asistencia de Medicina Legal y centros hospitalarios para realizar valoraciones médicas.
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