En los años 2011 y 2012, la Procuraduría Regional de Casanare, y la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa, destituyeron e inhabilitaron por 18 años a los entonces concejales de Yopal, Oromairo Avella, Alejandro Barragán, Reynaldo Pérez, Luis Carlos Pérez (Q.E.P.D), Rafael González Germán Orozco y Rafael Castro, ello debido a una serie de actuaciones de presión y amenazas contra otros dos concejales, los cuales fueron amenazados y obligados a filmar videos autoincriminatorios, y a firmar cartas de renuncia a los cargos.
Ante estas decisions de la Procuraduría, tres de los concejales destituidos, interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Casanare, una demanda de Nulidad y Restablecimiento de derechos, presuntamente por habérseles violado el debido proceso, y que las pruebas fílmicas que soportaron el fallo en contra, no contaron con cadena de custodia, adicionalmente, se les vulneró el debido proceso, entre otros, y por ende solicitaban el Restablecimiento de derechos, liquidación y pago de los honorarios, salarios y prestaciones sociales, hasta la terminación del periodo como concejales, y perjuicios morales, entre otros. Dicha solicitud fue denegada por el alto tribunal.
Pero lo que más llama la atención del fallo, tiene que ver con los relatos dados a la Fiscalía por parte de Amparo Sanabria y Cristóbal Torres, los exconcejales que demandaron a los 7 concejales destituidos, ya que más parece la narración de hechos cometidos por integrantes de bandas criminales y no por honorables concejales, estos son apartes de dichos testimonios:
