El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto del 17 de agosto del presente año, profirió Desacato contra cinco urbanizadores piratas, por no cumplir órdenes impartidas en diciembre del 2016 y junio del 2017, las cuales consistían en suminístrales agua potable a los habitantes de cada una de los planes de vivienda ofertados por cada uno de ellos.
Los urbanizadores piratas sancionados por el tribunal son: H&B bienes raíces SAS, representada legalmente por Silvia Yaneth Aldana Cortes; Inversiones Cruz Barrera, representante legal Omar Cruz Ángel; Fundación La Nueva Granada. Representante legal Osmary Martina Coronado Piña; Asesorías ATS del Llano, representante legal Jairo Pezca Cepeda, y Asociación de vivienda J&G Bienes Raíces la Española, representante legal Zoraida Jaimez Ballesteros.
Las sanciones impuestas a cada uno de las cuatro primeras empresas consisten en el pago de 20 salarios mínimos legales diarios vigentes, que equivalen a $14.754.340, a la empresa Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces la Española, la sancionaron con 10 salarios, equivalentes a $7.377.170.
De igual manera, el Tribunal le ordena a la personería de Yopal y al inspector urbanístico de la secretaria de planeación municipal, a hacer un censo habitacional y poblacional de los cinco planes de vivienda, además deben verificar que los habitantes de dichos planes estén recibiendo agua potable suministrada por los urbanizadores; si los empresarios sancionados incumplen nuevamente esta medida se les cambiara la sanción por arresto a cada uno de los representantes legales de las urbanizaciones y se compulsaran copias a la Fiscalía para que inicien las investigaciones por presento fraude a resolución judicial.
