La Gobernación de Casanare, frente a la denuncia presentada ante un medio de comunicación, donde se cuestiona la falta de giro de recursos por parte de la entidad territorial al Tribunal Seccional de Ética Médica del Departamento, para financiar su funcionamiento, se permite aclarar a la opinión pública que:
-La entidad territorial está en la disposición de realizar el giro de los recursos, una vez se surta el proceso de empalme que debe darse entre el Tribunal de Ética Médica del Meta y el Tribunal Seccional de Ética Médica de Casanare, en razón a que los procesos jurídicos tramitados desde la obligación que generó la Ley 715 de 2001, han sido adelantados por el Tribunal de Ética Médica del Meta, y que estadísticamente corresponden a seis eventos en promedio por año.
-Así mismo, se aclara que la apropiación presupuestal asignada para la financiación del Tribunal Seccional de Ética Médica de Casanare asciende a $59.165.088 para la vigencia 2018, los cuales provienen de la fuente de Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD, de la entidad territorial.
-La entidad territorial informa que, debido a la situación económica por la que atraviesa el departamento de Casanare, los recursos propios han venido disminuyendo notablemente, situación agravada con la sanción impuesta por la Nación, mediante la cual ordenó asumir con recursos de ICLD el pago de las nóminas de Salud Pública (laboratorio de Salud Pública, técnicos de salud y parte de la nómina de programas nacionales, como Enfermedades Transmitidas por Vectores); lo que conllevó a disminuir notablemente dicha fuente de financiación.
– Es importante aclarar que se han brindado canales de acceso y las herramientas jurídicas necesarias a los ciudadanos casanareños, para que instauren sus quejas o denuncias frente al actuar de los profesionales de la medicina, que prestan sus servicios en el Departamento, y que sigue siendo un compromiso latente de este Gobierno, tener esas herramientas disponibles.
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