Un nuevo revés jurídico acaba de sufrir la gobernación de Casanare, está ves por parte de la sección cuarta del Consejo de Estado, al fallar una tutela presentada por la oficina de defensa de la gobernación para proteger los derechos al debido proceso, derecho a la defensa y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la subsección B de la sal tercera del Consejo de Estado, en relación de la puesta en funcionamiento del “instituto de capacitación e investigación de hidrocarburos de Casanare”.
Cabe recordar que está acción se deriva de una acción popular que busca que tanto Ecopetrol y la gobernación cumplan el artículo 13 de la Ley 401 de 1997, en relación en la construcción del mencionado instituto, el cual fue construido con recursos de Ecopetrol en las instalaciones de Unitrópico, pero que no prestaba el servicio para el cual se construyó. Entre las consideraciones presentadas por la subsección B del Consejo de Estado están las siguientes:
“4.4.4. Las órdenes impartidas al Departamento de Casanare no le son imposibles de cumplir porque el Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare hace parte de la estructura administrativa de Unitrópico, según consta en sus estatutos; esa institución educativa está constituida como una asociación común, sin ánimo de lucro y cuenta con personería jurídica; y el Gobernador de Casanare integra los órganos directivos y de gobierno de la Unitrópico”
“4.4.6. El Departamento de Casanare utiliza la acción de tutela como mecanismo para corregir su comportamiento descuidado y negligente por no impugnar oportunamente la sentencia de acción popular de primera instancia”.
Finalmente, la sala cuarta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la tutela y dejó en firme el fallo de la sal tercera, es decir, la gobernación de Casanare, debe responder por la puesta en funcionamiento del Instituto de hidrocarburos de Casanare, de igual manera según estableció este medio de comunicación, el Consejo de Estado está a punto de fallar otro proceso en dónde está involucrada la gobernación de Casanare y Unitrópico, proceso que busca que la gobernación le pague treinta y cinco mil millones de pesos (sin la actualización a la fecha), por la ordenanza que obligaba al departamento a girarle el 5% de las regalías a Unitrópico
