Con la aprobación del documento CONPES 3934 que traza la visión de crecimiento verde de largo plazo, el gobierno consolida los esfuerzos para posicionar la riqueza natural del país como fuente de desarrollo sostenible, crecimiento económico e inclusión social.
“La política es el resultado la visión planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, dónde resaltamos que lo importante no es sólo crecer, sino crecer con calidad, esto implica protegiendo los recursos naturales del país, adaptándonos al cambio climático, siendo más eficientes y generando nuevas oportunidades económicas. Colombia es un líder en materia de crecimiento verde en la región, y esta política ratifica dicho liderazgo”, expresó Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La política pública, que acoge las recomendaciones de la Misión de Expertos en Crecimiento Verde, reconoce que Colombia posee una ventaja extraordinaria frente a otros países en cuanto a su oferta de capital natural para la producción de bienes y servicios ambientales con más de 62.829 especies registradas, 24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y un potencial eólico de 29.500 Megavatios.
Teniendo en cuenta que la senda de crecimiento económico que lleva el país demandará mayores recursos como el agua, el suelo, la energía, y podrá generar mayores impactos ambientales, en degradación de suelos, aire y ecosistemas; esta política plantea acciones específicas para armonizar el desarrollo y el crecimiento de la economía con la protección de los recursos naturales.
La política, que tiene un carácter intersectorial, propone 155 acciones a ser implementadas en un horizonte de 13 años (2018- 2030), por 28 entidades, incluyendo 8 ministerios. Además, aborda cinco ejes estructurales para la búsqueda de nuevas oportunidades económicas a partir del uso sostenible y eficiente del capital natural y la energía en los sectores productivos, el capital empresarial y humano, las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y un marco de gobernanza para el crecimiento verde, orientando inversiones cercanas a los $2,3 billones.
Los avances en el cumplimiento de los objetivos y en los resultados de la política serán monitoreados haciendo seguimiento a indicadores de crecimiento verde en temas estratégicos:
-A 2030, realizar 100 expediciones de biodiversidad y lograr el registro de 500 productos biobasados, y tener 12.630 negocios verdes verificados (en 2015 solo
existían 90), la economía forestal (silvicultura e industria forestal) alcanzará una participación del 1,5% en el Producto Interno Bruto (en 2017 contribuía en 0,79%), aumentar en un 33% los ingresos generados por metro cúbico de agua extraída (pasar de 3.334 a 4.440 pesos por metro cúbico), aumentar 0,49% en 2016 a 10% en 2030 la producción agrícola que cumple con criterios de crecimiento verde.
Disminuir en un 22% la intensidad energética total de la economía, reducir las emisiones totales de gases efecto invernadero en 20% respecto a la proyección para ese año, 600.000 vehículos eléctricos harán parte de la flota total del país (en 2017 alcanzaban los 1.695 registrados, lograr una tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos en la economía de 17,9% (en 2015 la tasa se encontraba en 8,6%); cuadriplicar la inversión pública en Investigación y Desarrollo (I+D) de importancia para el crecimiento verde respecto al gasto público total pasando de 0,02% que se tenía en 2016 a 0,08% para 2030.
La aprobación de esta política está alineada con tres compromisos adquiridos internacionalmente: la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE (adherida en 2012); la declaración ministerial por el Crecimiento Verde de Alianza del Pacífico (firmada en 2016) y la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015).
