Con el fin de prevenir y disminuir los conflictos socioambientales en los territorios, en lugar de incrementarlos, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón, anunció la implementación de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental.
“A partir de este momento y con el apoyo de la academia, expertos y la participación de todas las partes, buscaremos a través del diálogo y basados en información precisa, los acuerdos que necesitamos. Nuestros garantes serán la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría salvaguardando los derechos constitucionales de todos los colombianos” explicó el Ministro Lozano.
La iniciativa tiene como objetivo identificar potenciales conflictos, poner en contacto a las instituciones e integrantes de la sociedad civil involucrados, implementar estrategias de comunicación para abordar el diálogo y transformar las tensiones que ya estén en marcha.
Los dos primeros centros en anunciarse fueron el de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, con sede en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Bucaramanga y el de la Macrocuenca Caribe, con asiento en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ‘José Benito Vives de Andreis’ (INVEMAR) en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Los otros estarán ubicados en la Macrocuenca Amazonas, en la Macrocuenca Orinoco y la Macrocuenca Pacífico.
De acuerdo con el Mapa Global de Justicia Ambiental (proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona, con financiación de la Unión Europea), Colombia es el país con más conflictos socioambientales de América Latina, con 128 registrados actualmente.
Los choques relacionados con explotaciones mineras y otras extracciones son los más frecuentes, seguidos de una inadecuada gestión del agua y de residuos, la falta de conservación de la biodiversidad, entre otros, según el mismo observatorio.
“Desde la Procuraduría General de la Nación estamos viendo estas iniciativas como elementos fundamentales que garantizan la participación ciudadana, y que sin lugar a dudas, colaboran para que las dinámicas y las problemáticas existentes en materia ambiental, puedan tener una solución diferente a la judicial”, dijo el procurador 24 judicial ambiental de Santander. Alberto Rivera Balaguera.
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