En el proyecto que tenía por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS DEL SECTOR NOROCCIDENTAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- CASANARE”, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por un valor de $4.232.323.259, se lograron establecer 4 hallazgos de tipo fiscal, con incidencias administrativas y disciplinarias.
Los hallazgos fiscales tuvieron origen en primera instancia en el incumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor, estipuladas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 101.19.7.940 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en donde la CGR no pudo obtener la verificación de ningún informe de interventoría. Producto de ello se evidenció que la interventoría recibía el pago sin ejercer ni una sola obligación contractual dentro de sus funciones administrativas, financieras ambientales y legales.
De igual forma, producto del análisis técnico al CONTRATO DE OBRA No. 101.19.9.042 DEL 27/09/2021 se determinaron graves falencias en cuanto a la funcionalidad y la ejecución de la obra, respecto de los tramos 6, 7, 8 y 9, observando estanqueidad de las aguas servidas, situación que impide el flujo normal de los residuos que se transportan, lo que trae como consecuencia la falta de funcionalidad de la obra, lo que generó un detrimento y menoscabo en los recursos pagados por parte de la entidad ejecutora para el proyecto financiado con los recursos del Sistema General de Regalías.
Así mismo, dentro del mismo proyecto se evidenció que la entidad ejecutora NO estableció el presupuesto, el análisis de los valores de precios unitarios y las actas de acuerdo de precios que justifiquen el valor del Acta Modificatoria No. 1, misma que ajusta al contrato inicial por mayores y menores cantidades, lo que generó la vulneración de los principios de planeación, economía y responsabilidad del proyecto.
Finalmente, el detrimento fiscal y menoscabo de los recursos del Sistema General de Regalías dentro del proyecto, también se materializó en la inexistencia de soportes que puedan dar a la CGR certeza de la buena destinación de los pagos por concepto de AIU (Administración e imprevistos) que se erogaron con relación al Contrato de Obra Pública No. No.101.19.9.042 del 2021
