Durante los últimos años el ex contralor general de la nación, Edgardo Maya Villazón, viene sosteniendo al necesidad de que las contralorías territoriales deben ser acabadas debido a sus pobres resultados en la lucha contra la corrupción, y lo costoso de sostener su nómina, es el caso de la contraloría de Casanare, la cual tiene una nómina alta, unos gastos de funcionamiento onerosos pero unos paupérrimos resultados para mostrar.
Prueba de ello son los exiguos fallos de responsabilidad fiscal que se han emitido en este periodo, casos como el del 2016 en el cual lo único que pudo recuperar la contraloría a cargo del señor Antonio José Ortega, fueron $300.000, y en el año 2017 cerca de $4.000.000. Estas cifras no se compadecen de los cerca de $3.000.000.000 millones de presupuesto que maneja la entidad. Es decir en la contraloría se han gastado cerca de nueve mil millones de pesos para recuperar de apenas escasos cuatro millones de pesos, es decir, gastamos $2.250 por cada $1 recuperado.
Para el año 2016 la contraloría departamental realizó 14 auditorías a entidades públicas del departamento, en el 2017 realizó 12, en el 2018 realizó 15, y en la que va corrido del 2019 ha hecho 3.
La contraloría departamental en este periodo ha sido más popular por sus escándalos internos propiciados por el propio contralor que por los resultados obtenidos, casos como los acosos laborales, el no cumplimiento del código del trabajo, entre otros, es por lo que ha sido más llamativo este ente de control.
Esperaremos que más adelante esta dependencia generé más resultados concretos de recuperación de los recursos públicos mal invertidos en el departamento, y no se limite sólo a aperturar investigaciones que dormirán en sus escritorios por años, como los que se han presentado durante estos casi 4 años de gestión.
