La Procuraduría General de la Nación el día de hoy por petición de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, abrió indagación preliminar en contra de Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien la semana anterior se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.
“Con las declaraciones efectuadas el 6 de abril de 2021, presuntamente pudo incurrir conductas xenófobas, de estigmatización a las mujeres de nacionalidad venezolana que ejercen la prostitución en el municipio de Yopal; asimismo, denigrantes contra la mujer y de promoción de la prostitución en la jurisdicción que gobierna, comportamiento que eventualmente comprometería su responsabilidad disciplinaria”, señala el auto de apertura de indagación preliminar.
El ente de control requirió a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Yopal, para que en el término improrrogable de cinco (5) días, remita un informe detallado de las acciones y actuaciones administrativas que ha adelantado la alcaldía municipal de Yopal, respecto del ejercicio de la prostitución en la jurisdicción del municipio.
Finalmente, el Ministerio Público recordó a todos los alcaldes y gobernadores del país la necesidad de que en las agendas públicas se tenga en cuenta la reciente recomendación No. 38 de 2020 de la CEDAW a los Estados parte, en la cual los insta a luchar decididamente contra la explotación sexual de niñas y mujeres y a combatir la demanda que la genere y mantiene -hombres que pagan por utilizar sexualmente a mujeres y niñas-, a fin de reducir los factores de riesgo que conducen a la trata: “La explotación sexual persiste porque los Estados partes no han desincentivado de manera eficaz la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata. (…) En virtud del Protocolo contra la Trata de Personas, los Estados adoptarán o reforzarán medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.
