En un hecho insólito se ha convertido la demanda por controversias contractuales que interpuso la gobernación del departamento contra el casi quebrado Instituto Financiero de Casanare, la cual fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el pasado 31de enero del 2019, pero por la cuarentena decretada a raíz de la pandemia del Covid-19, fue dada a conocer ayer por el alto tribunal.
El problema se dio por la intención del gobierno anterior de que el IFC le devolviera 12 mil millones de pesos que la gobernación le había girado por medio del convenio 2113 del 20 de noviembre del año 2012, los cuales tenían como fin el otorgamiento de 281 créditos para el financiamiento del sector productivo del departamento, de los intereses de esos recursos una parte se destinaría al pago de la nómina de los funcionarios del IFC. Pero a mediados del año 2019, el secretario de agricultura de ese entonces y además miembro de la junta directiva del instituto, solicitó la devolución de los dineros y la liquidación del convenio, con el fin de financiar cadenas productivas.
Ante la negativa de los directivos del IFC, la gobernación que es la dueña del 100% del instituto decidió demandar para que se diera la declaratoria de incumplimiento y la liquidación judicial del convenio. La audiencia de conciliación judicial se realizó el 21 de enero del 2020, la cual fue declarada fallida, por ende, el proceso debe surtirse en el alto tribunal.
De prosperar esta demanda la cual es por $11.900.000,000 sería prácticamente la desaparición del instituto, ya que actualmente atraviesa una crisis económica con pérdidas cercanas a los 40 mil millones de pesos, con cartera vencida, con problemas para el pago de la nómina, entre otros. Del descalabro del IFC nadie ha respondido.
