La Comisión de la Verdad, como institución de Estado y parte del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, toma con toda seriedad las denuncias hechas en la última edición de la Revista SEMANA sobre acciones de inteligencia militar contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y extranjeros, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas y del Estado; porque en el esclarecimiento de la historia del conflicto armado interno la Comisión encuentra casos significativos en los que estas actividades dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos judiciales arbitrarios, y campañas de intimidación y desprestigio.
Este tipo de hechos, más allá de discusiones legales y jurídicas, nos avergüenza como colombianos ante el mundo, son una amenaza contra los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en el derecho internacional y vulneran la legitimidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones, al tiempo que contribuyen a la persistencia del conflicto.
En consecuencia, dentro del derecho de acceso a la información reservada que le otorga el Decreto 588, la Comisión solicita al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos, a fin esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente. La puesta en evidencia de la reiteración de estos hechos lamentables tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, lleguen hasta a las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema.
En diversas ocasiones el Ministerio de Defensa ha tomado resoluciones disciplinarias contra oficiales que han incurrido en estas conductas. Sin embargo, los hechos se repiten, lo que cuestiona la existencia de la determinación ética corporativa constante e indispensable para que las medidas legales sean eficaces. Estamos ante acciones que afectan gravemente a personas y que destruyen la moral pública. Esperamos que el retiro de oficiales del Ejército comprometidos además de una investigación exhaustiva produzca los cambios éticos indispensables para que no continúe lo intolerable.
Es preocupante que a pesar de que en diciembre de 2017 se creó el Sistema Nacional para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, aún no se perciba el resultado de sus logros. Esa depuración se estableció justamente para evitar que la inteligencia se convierta en un arma política contra quienes deliberan dentro del marco de la democracia en la lucha por la dignidad humana para que seamos un país más transparente y más justo.
La construcción de la paz en Colombia exige la verdad y la transformación de la conciencia no solo de los guerrilleros que incurrieron en actos inhumanos, sino también y de manera primordial de quienes son los sujetos morales que, corporativamente, forman las instituciones del Estado. Allí hay hombres y mujeres capaces, de alta consistencia ética. En ellos y en ellas ponemos la esperanza.
