El Covid-19 ha agudizado problemáticas como el hambre, la pobreza, las desigualdades de género, la informalidad y las inequidades abrumadoras que padece el país, ampliando aún más las brechas entre lo urbano y lo rural. De acuerdo con resultados preliminares de las pesquisas realizadas por investigadores de la Universidad de La Salle, sobre la percepción de los actores locales que pertenecen al sector agroalimentario en los territorios rurales, se observa el divorcio existente entre la implementación de las políticas públicas y la realidad de las comunidades en los territorios.
Según lo indica el Dr. Luis Carlos Villamil, profesor de Epidemiología de la Universidad de La Salle y miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, “los instrumentos de política diseñados para mitigar los impactos de la pandemia no responden a las necesidades manifestadas por los actores locales o los mecanismos diseñados para adherirse a los beneficios que brinda el estado, ya que no son accesibles para las comunidades en territorios más dispersos, sea porque la información sobre la existencia de las políticas es nula o porque los mecanismos para obtener los beneficios constituyen una barrera para las personas que, de forma histórica, han vivido con grandes brechas de educación, acceso a internet, empleo, suministro de energía, agua potable, salud y educación”.
Políticas integrales
El grupo de investigadores evidenció, por ejemplo, que una de las medidas más importantes para evitar el contagio de la enfermedad es el lavado de manos frecuente, sin embargo, en muchos territorios rurales algunos pobladores manifestaron que no tienen acceso a agua potable y que la poca cantidad de agua que tienen es atesorada y destinada al consumo.
“No se han empleado las medidas más efectivas para el control de esta zoonosis en el país, pues enfrentamos la crisis desde la perspectiva puramente biomédica, sin realizar un manejo integral, teniendo en cuenta todos los aspectos asociados a la inequidad social y económica en los ámbitos rurales y urbanos. No importa qué tan efectivo sea un tratamiento o una vacuna, si no se aplican políticas y programas que solucionen las profundas desigualdades. Atender el área rural se debe convertir en una prioridad”, afirma el profesor Villamil.
Los primeros meses del año 2021 van a ser difíciles desde la perspectiva de la salud pública, principalmente en lugares más vulnerables donde confluyen enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, que está afectando regiones como Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Meta y los departamentos de la región caribe; y la malaria que tiene en situación de alerta a los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Cauca y Guainía. Situación que se verá agravada por la afluencia de turistas desde los grandes centros urbanos y que inevitablemente aportarán a la dispersión del virus.
Combatir la pandemia en los territorios
El Covid-19 está activo en una fase de ascenso, de manera que se insta a la intervención regional, a la reorientación de las actividades y políticas sanitarias para el combate contra la pandemia, no solo para reforzar la infraestructura hospitalaria y el talento humano calificado, sino también para enfatizar la atención primaria de salud desde la perspectiva de la educación para la salud, el saneamiento básico, el suministro de agua potable, el mantenimiento de la red de energía, el acceso a las comunicaciones y la participación comunitaria para reforzar las acciones colectivas realizadas por individuos, familias y grupos comunitarios con el fin de ejercer control sobre los determinantes de su salud y la de su comunidad.
En opinión del profesor Villamil urge “entender los saberes y sentires de las personas que habitan los territorios para repensar y diseñar medidas de mitigación acordes a la realidad de cada municipio. Será una labor para el ahora, si se quieren asegurar los beneficios de las políticas ya implementadas tanto por el gobierno nacional, como por las autoridades departamentales y locales”.
