Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, a través de 3 grupos conformados por auditores dentro de los cuales están revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados. El valor de los contratos auditados asciende a 25.127 millones de pesos.
Los tres grupos se dividieron de la siguiente manera: Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal, Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía, Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos suman 3.170 millones de pesos.
Como resultados de las distintas auditorías que adelantó la Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades de la contratación contenidas en ley 80 de 1993, lo que generó procesos más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos, verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos públicos en estos contratos.
