Durante el año 2020 regresaron a esta región del país los secuestros, las extorsiones, los asesinatos con modalidad sicarial, los hurtos, el carneo, y lastimosamente el micro tráfico se ha profundizado en todo el departamento, ante la mirada atónita de los ciudadanos que vemos como estamos retrocediendo en tranquilidad y productividad y por ende, la zozobra e incertidumbre cada día envuelve a la sociedad casanareña, tal y como se evidenció con la encuesta de percepción de seguridad realizada por la Cámara de Comercio de Casanare.
El tema de las extorsiones se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, ya que son varios grupos armados ilegales los que tienen azotados a los arroceros, ganaderos, comerciantes, a los cuales casi que a diario reciben videos, cartas y audios por whats app, con exigencias económicas so pena de ser blanco de atentados (caso Fedearroz), situaciones a los que varios alcaldes del departamento no han sido ajenos, al punto, que ya hay varios que han sucumbido ante esas extorsiones, y por ende ya hicieron la “excursión” (aprovechando que ya no hay cuarentena) para ir a visitar países vecinos a pagar o negociar la “vacuna”, sí lo hacen los alcaldes que se supone representan la autoridad, al fin y al cabo son los comandantes de policía en sus municipios, que se puede esperar de un humilde comerciante.
Lo que llama la atención de la ola de inseguridad en el departamento es que las autoridades poco o nada hacen al respecto, por un lado la gobernación desde hace un buen tiempo no tiene claro que estrategias aplicar, es más, ni el gobernador asiste a los consejos de seguridad (solamente cuando vino el mindefensa), y lo único que sale de esos consejos es recompensas y solicitudes de compras de logística para las fuerzas militares y de policía, por que de resultados de esos consejos poco o nada se ha visto.
¿Hasta cuándo seguiremos padeciendo la falta de políticas públicas de seguridad en el departamento de Casanare?, ¿cuántas motos y carros blindados más se le debe comprar a la fuerza pública para que den resultados?, ¿qué a pasado con las investigaciones sobre los asesinatos en Monterrey?, ¿qué va a pasar con las investigaciones de los últimos asesinatos en Yopal?, ¿seguirán los ganaderos, arroceros y dirigentes casanareños sometidos a las extorsiones de los grupos armados ilegales?, ¿seguirá la gobernación de Casanare comprando motos, cámaras, y carros blindados a la fuerza pública con los dineros del fondo de seguridad?.
Ya va siendo hora que el gobernador y los alcaldes se hagan sentir frente a la fuerza pública del departamento y les exijan resultados concretos, que se acabe la compradera de jugueticos para los comandantes de turno y se dediquen a fortalecer la inteligencia para poder brindarle la seguridad a los casanareños, que tras que vienen de una recesión económica por la pandemia de la covid-19, y ahora sucumben ante la delincuencia de grupos armados ilegales como de delincuencia común, que quieren arrebatarles lo poco que les queda, hay que recordarles señores mandatarios que al posesionarse en sus cargos ustedes juraron cumplir la Constitución Política de Colombia, en el literal del artículo 2 dice “Las autoridades de la República están instituidas y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos”.
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