En la reciente visita a Yopal del ministro del medio ambiente Luis Gilberto Murillo, las autoridades de Yopal le dijeron mentiras en relación con las medidas tomadas para mitigar el riesgo que presenta el río Cravo sur, ello se desprende del enérgico requerimiento realizado el pasado 17 de abril del 2017 por parte del Tribunal Administrativo de Casanare, al revisar las acciones ordenas al tenor de la Acción Popular 033 del 2011.
En primer lugar en la reunión con el ministro se dijo que el sistema de alertas tempranas estaban listas, pero en la respuesta al Tribunal le dijeron que “estaban instaladas más no en funcionamiento, y que para marzo se tendría toda la red de monitoreo”, lo que para el Tribunal es inadmisible ya que la red de monitoreo a la fecha ya debería estar lista, por lo que le da al municipio de Yopal 10 días para certificar con acta de entrega y de entrada en operación de los equipos. En segundo lugar con el reforzamiento del enrocado en Morrocolandia, la alcaldía de Yopal manifestó que “se acordó con la gobernación la ejecución de la actividad, pero se está en la tarea de consecución de los recursos”, por lo que el Tribunal le dio 10 días al departamento para que acredité la iniciación de las obras.
En tercer lugar con la actualización del POT, el municipio contestó que “ya había realizado el cronograma para establecer el momento en el que se debe hacer la revisión del POT”, pero no allega al Tribunal el cronograma, plan de acción con fechas, recursos, responsables, metas ni indicadores para obtener resultados, por lo que le da 10 días para que conteste de manera completa a este requerimiento sopena de incurrir en desacato.
Finalmente el Tribunal llamó la atención a la Unidad Nacional de Gestión del riesgo, Gobernación de Casanare y alcaldía de Yopal, en el sentido de no observar avances en la suscripción del convenio para la realización de medidas estructurales de protección del área urbana: ribera derecha del río Cravo Sur, calificando de inaceptable que iniciándose la ola invernal del 2017, no haya avances ni siquiera en la planeación para emitir los CDPS pendientes, ni se tenga certeza acerca de la suscripción del convenio, por lo que da un plazo de 10 días para que se superen las trabas administrativas y presenten avances en la suscripción del convenio.
Con la expedición de estos requerimientos por parte del Tribunal, en donde se evidencian falencias en el manejo del riesgo, los vecinos del sector del río se preguntan ¿entonces que fue lo que le dijeron al ministro de ambiente?
