Desde hace varios años ene le departamento de Casanare, se han venido presentando una serie de procesos judiciales que tienen de común denominador demandar a periodistas y medios de comunicación por expresar artículos periodísticos u opiniones en contra de mandatarios de turno o empresas vinculados con ellos, varias de esas denuncias han sido por injuria y calumnia, y otras vía tutela; casos como los del exgobernador Raúl Flórez, contra 7 periodistas de 3 medios de comunicación regionales, varios de ellos ya han salido abantes, o la exgobernadora Martha Gonfrier, contra 3 periodistas otro medio de comunicación local, denuncia que fue archivada; es lo que actualmente se llama “legalización de la censura”, es por ende, que publicamos el siguiente artículo escrito por Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, la cual fue publicada en la revista Semana el 11 de julio.
Lo que les voy a narrar a continuación, lo hago porque sencillamente no aguanto, o mejor, no aguantamos más. Es un ciclo de hechos que causan desazón, tristeza y preocupación. Todo comenzó en 2017, en ese momento, por causalidad, el ingeniero electrónico de la Fundación Paz y Reconciliación, encontró conectado un computador al servidor de la Fundación. Inmediatamente nos comunicamos con la Policía y la Fiscalía, y si bien la investigación ha avanzado poco, ya se sabe que toda la información de la fundación fue robada, desde las bases de datos, pasando por informes secretos y hasta la lista de investigadores en las regiones. Muchos de ellos trabajan con la fundación hace varios años, pero casi nadie lo sabe, pues serían objeto de atentados. A toda la información le sacaron copias, se la llevaron.
Luego vinieron una serie de amenazas. A nuestro investigador en el Magdalena lo han extorsionando y hasta le robaron el computador. La investigadora en Antioquia igualmente está amenazada, e incluso la han llamado para decirle que es mejor que se vaya de la ciudad de Medellín. Recientemente, en marzo, luego de una publicación sobre la casa política de los Suárez Mira, llegó una amenaza de la Oficina de Envigado, decían que si Ariel Ávila seguía hablando “lo iban a encontrar picado en una bolsa y con la jeta llena de moscas”. Por si fuera poco, el equipo en Nariño también ha recibido intimidaciones.
El cierre de este ciclo de censura se dio desde hace algunas semanas. La historia es increíble, parece de locos. Es la siguiente: Luego de las elecciones de marzo de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe sobre los políticos cuestionados que fueron electos como senadores y representantes a la Cámara. El texto se tituló ‘Los 42 congresistas de la ilegalidad’. Allí están los vinculados al escándalo de Odebrecht, los del escándalo del cartel de la hemofilia, los herederos de los políticos vinculados con organizaciones criminales y, claro, los políticos que abiertamente fueron financiados por alcaldías y gobernaciones en su campaña, es decir, que fueron financiados con recursos públicos.
Entre los nombrados está José Ritter López, senador electo de La U. Ritter fue apoyado por la hoy gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El informe dice que el señor Ritter fue apoyado por la gobernadora y que Dilian Francisca tuvo y tiene diferentes investigaciones por diversos temas, incluso el de lavado de activos. Es decir, Ritter es algo así como el fenómeno de gobierno en “cuerpo ajeno”. Este señor, como muchos otros políticos, nos demandó por injuria y calumnia, todos los procesos los ha ganado la Fundación Paz y Reconciliación.
Pero el de Ritter es un caso aparte, ya que el juez Carlos Julio Caviedes Hernández, para atender una tutela ordenó que la Fundación debía rectificarse porque el informe dice que Ritter tiene nexos con grupos paramilitares, cosa que no dice el informe, pero nos ordena rectificarnos. La fundación sacó un comunicado a manera de retractación donde aclara que eso nunca lo dijo. Aun así el juez envía una comunicación, dice que hace un segundo requerimiento y que ya es un incidente de desacato. Una cosa absurda, que realmente no entiendo.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que la democracia tiene tres grandes pilares: el respeto a la vida, la propiedad, y la libertad de expresión. Estos derechos, bajo ninguna circunstancia, se pueden restringir, ni vulnerar. El juez, además de no saber leer muy bien, parece que desconoce los conceptos de “Clan”, “herederos políticos” y el de “Estructura Política”. Así por ejemplo muchos políticos envueltos en los escándalos de Odebrecht, o el cartel de la toga, la parapolítica, entre otros, ponen a sus amigos, hijos, esposas a que compitan en política. Aquí el tema no es que existan delitos de sangre, de lo que se trata es que estos “nuevos” candidatos heredan los concejales, líderes barriales, alcaldes y en general la red del político preso, por eso se les llama gobierno en “cuerpo ajeno”. Los votos que obtuvieron fueron producto de los nexos y relaciones mafiosas que construyó el político que está en la cárcel.
Robo de información, amenazas, censuras y persecución, así es difícil construir democracia en Colombia. A veces pienso que es mejor tirar la toalla y dejarle todo a los corruptos, al fin y al cabo eso es lo que eligen los colombianos. Votan por los mismos políticos de siempre. Los alcaldes, gobernadores o senadores envueltos en escándalos de corrupción siempre son elegidos. Parece ser que a los colombianos les gusta que los gobiernen bandidos.
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