Durante las últimas semanas en la capital del Casanare, se registraron varios hechos de inseguridad que involucró principalmente a las mujeres con el hurto de sus bolsos mediante la modalidad de raponazo, hechos que no sólo terminaron con la perdida de sus objetos y documentos personales, sino que además en varios casos los victimarios les ocasionaron la caída de sus motocicletas, dejándolas con heridas de consideración.
Este tipo de situaciones generó en la ciudadanía el rechazo a través de redes sociales y la presión mediática que sufrieron las autoridades y la misma alcaldía no ha sido poca, la ciudadanía en su momento exigió seguridad y a las autoridades resultados en cuanto a capturas y judicialización de los responsables.
Los días pasaron y con ellos aumentó el numero de casos, en el último Censo Delictivo da cuenta que el hurto a personas es el delito que más está afectando a los habitantes de Yopal; en lo corrido del 2020 la Fiscalía ha recepcionado 633 denuncias y la última semana 68, que en comparación del 2019 hay un aumento del 34,97%.
Motivos que han llevado a las autoridades a aumentar los esfuerzos y trabajar de manera coordinada en operativos de registro y control en todas las comunas de Yopal, de igual manera la Alcaldía de Yopal emitió un Decreto determinando la prohibición del parrillero y el cierre de algunas vías.
La presión de los yopaleños tuvo sus frutos, las autoridades realizaron la captura de más 15 personas, señaladas presuntamente de cometer hurtos mediante la modalidad de raponazos en Yopal.
Ahora bien, las razones por las cuales aún la ciudadanía se siente indignada y apática a la hora de denunciar, derivan de que varias de estas personas han recuperado su libertad a los pocos días de su captura y presentación ante los medios de comunicación; desde ahí la crítica y la búsqueda de culpables es protagonizada hasta por las mismas autoridades quienes capturan, imputan y hasta solicitan las medidas de aseguramiento.
Motivo que llevó a este Medio de Comunicación a indagar sobre el Proceso Penal Acusatorio y las determinaciones penales por las cuales las personas que se han visto involucradas en delitos como hurtos, han quedado en libertad.
Para ello consultamos al Doctor Juan Manuel Mejía Estupiñán Juez Segundo Penal Municipal de Yopal y Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio para este 2020, quien a través de una entrevista amplia, explicó los aspectos que los Jueces deben evaluar a la hora de la judicialización de las personas que se han visto involucradas en algún tipo de delito penal, iniciando con la legalización de captura, la imputación de delitos por parte de la Fiscalía y la solicitud de la medida de aseguramiento privativa y no privativa de la Libertad.
Cada caso es totalmente diferente a la hora de la Judicialización o presentación ante un Juez de Control de Garantías, en la entrevista el Doctor Mejía explica como se aplica la Ley 906 del 2014 y el papel que cumple cada uno de los intervinientes en dicho proceso penal.
Ahora bien, respecto a la libertad que en muchos casos le es otorgada a personas que se han visto involucrados en delitos como hurtos, situación que resulta molesto y hasta decepcionante para las víctimas y para la ciudadanía, el Doctor Mejía dijo que en los casos cuando la Fiscalía solicita medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir en centro carcelario y/o domicilio y estas no se otorgan por parte del Juez de control de garantías, es porque los señores Fiscales NO cumplen con la carga argumentativa y probatoria y el Juez de oficio no puede hacerle el trabajo a la Fiscalía.
Es importante que en este aspecto los ciudadanos no dejen de denunciar ante las autoridades competentes, la Ley está creada así y no se trata de buscar culpables sino soluciones, para que, a través de los procesos judiciales, la comunidad recuperé la tranquilidad y quien se vea involucrado en hechos delictivos responda por ello; al momento de judicializar la Fiscalía necesita pruebas o material probatorio como se le conoce y es ahí donde se necesitan las denuncias de las víctimas y de la ciudadanía.
Por: Sandra Soto, Judiciales Suversión
