Un preocupante precedente para las administraciones públicas en Casanare, dio a conocer recientemente el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, quién acaba de condenar a la Gobernación de Casanare, a pagar salarios y prestaciones sociales dejados de pagar a una secretaria vinculada en su momento por medio de Orden de Prestación de Servicios.
Los hechos se remontan desde 1999 hasta el 2014, pero solo se tuvo en cuenta el periodo del 2010 al 2014, ya que para los demás años prescribieron las acciones judiciales. Desde 1999, la secretaría de educación departamental contrató a una persona para realizar labores de secretaria en la institución educativa del Charte, funciones que periódicamente siguió realizando mediante sucesivos contratos, los cuales eran interrumpidos en el papel más no en la práctica, por lapsos de 10 a 30 días; varios de los contratos fueron firmados con contratistas de la secretaria, pero ella cumplía las mismas funciones.
Con base a las pruebas aportadas por la demandante, el juzgado estableció que se configuró claramente el “contrato realidad”, es decir, se configuró relación laboral entre el departamento y la demandante, y le ordenó a la Gobernación de Casanare, cancelar todas las prestaciones sociales que le correspondan desde el 25 de noviembre del 2010, hasta el 22 de junio del 2014; de igual manera, deberá la Gobernación cancelarle a la demandante los salarios completos dejados de percibir en periodos no contratados, es decir, entre los días que se demoraban en firmar una nueva OPS, los cuales se establecen en tiempos de 5, 43, 25 y 35 días respectivamente, aunado a ello, deberá consignarle al fondo de pensiones la cuarta parte que le correspondía pagar como empleador en ese tiempo; todas las sumas liquidadas devengarán intereses moratorios.
Este fallo abre una caja de pandora en el departamento, en donde durante muchos años se ha contrato de personal mediante esta modalidad, y que muchas veces, ese personal trabaja gratis varios días e inclusive meses, y obligará a las administraciones a llevar a cabo reestructuración de su personal, para ampliar la nómina, so pena, de que se aproxime una avalancha de demandas por contratos realidad.
