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¿Miente el secretario de tránsito de Yopal con la revocatoria de las fotomultas?

El pasado lunes 25 de febrero, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, y su secretario de tránsito, Robert Hernández, sorprendieron a los yopaleños con una noticia esperada por muchos ciudadanos en el tema de las fotomultas, según los funcionarios van a revocar 12.000 de esas infracciones, y empezaban por las primeras 600. La noticia cayó muy bien en la ciudad al punto de generar una serie de comentarios positivos al respecto, pero no todo es color de rosa, tanto el alcalde como el secretario no explicaron todo el proceso surtido para llegar a esa decisión, y fue en una rueda de prensa convocada por el secretario de tránsito, en donde se empezaron a complicar las revocatorias.

En primer lugar, para revocar este tipo de sanciones, debe radicarse por parte de los interesados una solicitud escrita y previa ante la autoridad correspondiente, en este caso, según el mismo secretario, se está haciendo de manera unilateral por parte de la alcaldía.

En segundo lugar, con la decisión de revocar las fotomultas el único beneficiado va a ser Setty, ya que el mismo secretario reconoce que fue la administración la responsable del error ya que  menciona en la rueda de prensa que “hubo indebida notificación por parte de la alcaldía de Yopal,  al infractor”, lo que vulnera el debido proceso de los sancionados, es decir, el error de la alcaldía al no notificar en debida forma a los 600 infractores, lo pagarán todos los habitantes de Yopal, ya que Setty si le va a cobrar esos comparendos al municipio, generando acciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios que no notificaron en debida forma.

Ahora bien, con relación a la presunta falla más importante por la cual se revocarán todas las fotomultas es porque Setty “tercerizó” ciertos servicios como el alquiler del carro que recorría la ciudad con la cámara cazando infractores, desconoce el secretario que el contrato de concesión establece en la cláusula 19 la posibilidad de subcontratación por parte de Setty

Ante este panorama, ¿será cierto que se revocarán las fotomultas en Yopal?, ¿le pagará el municipio de Yopal a Setty, el valor que esta última dejo de recibir por la negligencia de la alcaldía al no notificar a tiempo a los infractores?.

Aunado a lo anterior, el secretario de tránsito mencionó que dicha secretaría “no tiene ingresos por culpa de Setty, ya que esta empresa no le gira recursos por los servicios concesionados, por culpa de unos contratos de transacción firmados por anteriores alcaldes”, dichos contratos están vigentes, el problema de ellos es que la administración municipal asumió desde la concesión de tránsito, una deuda con Setty por el tema del pago de los carros y motos inmovilizados, a los cuales hay que pagarles el parqueadero, el problema radica en que la alcaldía pasados 5 años de vigencia de la Ley 1730 de 2014, según la cual, “se deben rematar los vehículos que lleven más de un año inmovilizados”, la alcaldía no ha cumplido con esa Ley, y ya el juzgado administrativo ordenó  un Desacato contra el municipio, y por ende, debe asumir el 100% del pago del parqueadero de dichos vehículos. Y lo peor de este caso es que al leer la cláusula quinta del contrato de transacción, la actual administración dejó vencer el plazo de  los seis meses (6) y no han realizado aún el remate es decir la cuenta del periodo de ellos les origina un detrimento que va sobre los 4.000 millones de pesos. Desde el 2016 había orden de realizar el remate de esos vehículos.

Finalmente sobre el tema del Acuerdo que solo le subió la tarifa al Parqueadero de Setty, y que a los otros no, vale la pena mencionar que el parqueadero de Setty no es un parqueadero público si no un parqueadero Oficial, autorizado por el Concejo municipal en el estatuto de rentas, no es abierto al público; de igual manera, las únicas grúas autorizadas para los procedimientos de inmovilizar vehículos son las consignadas en el contrato de concesión; pero como en la ciudad opera otro parqueadero (ilegal) con su respectiva grúa (ilegal), lo que conlleva a que al municipio no le ingresen recursos por este concepto.

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