La Gobernación de Casanare, con corte a 31 de diciembre del 2017, tenía saldo en cuentas corrientes y de ahorro de $501.941.250.000, cifra que representa el 146,01% del presupuesto comprometido para inversión en la vigencia 2017, el cual tuvo fue por valor de $343.767.50 millones.; es decir, mientras el departamento atravesaba una fuerte crisis económica y las comunidades reclamaban inversiones, la Gobernación tenía la plata guardada en los bancos, sin generar rendimientos financieros satisfactorios.
Es por ende que el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó e hizo un fuerte llamado a las contralorías territoriales y General de la República, para que avancen en las investigaciones que permitan determinar las razones por las cuales las entidades departamentales y municipales dejaron de ejecutar cerca de 13 billones de pesos del presupuesto de inversión del 2017, es decir municipios y departamentos, presentaron bajos niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos presupuestales asignados, lo que influye directamente en el cumplimiento de los programas y proyectos contenidos en los planes de desarrollo correspondientes y, consecuentemente, en las políticas públicas de redistribución de ingreso y de lucha contra la pobreza y la exclusión, entre otras, en las cuales el presupuesto público territorial juega un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de la población, así como en el desarrollo territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Añade el Auditor que, no es función del Estado mantener por largos periodos los recursos financieros disponibles en esta clase de entidades financieras. El objetivo es satisfacer las necesidades básicas de la población, cometido que se ve menguado al no comprometer ni ejecutar eficientemente los recursos asignados en el presupuesto público de acuerdo con los planes de desarrollo territorial, trayendo como consecuencia que la ejecución extemporánea de los recursos financieros mantenidos en la cuenta de efectivo, pueda ocasionar mayores costos en el suministro de bienes y servicios a contratar por parte de los territorios, para cumplir con los cometidos estatales.
«Lo triste de esta situación, es que los recursos se dejan de ejecutar en los departamentos y municipios donde más lo requiere la población vulnerable, y ahí si, como el dicho, «plata hay lo que falta es comprometerla y hacer las obras bien», concluyó el Auditor General de la Republica, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
