Hasta el resguardo indígena Caño Mochuelo se desplazó la comisión integrada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los Ministerios de Educación, del Interior, Justicia y del Derecho; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Casanare y la Secretaría de Educación de Casanare a realizar un taller de socialización del Auto 266 de 2017 de la Corte Constitucional y fortalecer con la comunidad educativa los Proyectos Educativos Comunitarios- PEC del Resguardo.
El trabajo ejecutado por esta comisión con autoridades propias, sabedores, etnoeducadores, líderes y lideresas de 10 pueblos indígenas asistentes, de las 14 comunidades indígenas que se encuentran ubicadas en el Resguardo de Caño Mochuelo, permitió además establecer un diálogo alrededor de los derechos humanos.
Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras son sujetos de especial protección constitucional y afrontan riesgos contra su vida, su integridad y su patrimonio cultural, por lo cual la Corte Constitucional ordenó mediante el Auto 266 de 2017 y la orden vigésima realizar la divulgación de tres derechos: a la identidad cultural, al territorio y a la autonomía.
Por ello, y dando cumplimiento a este mandato constitucional, el Ministerio de Educación Nacional coordinó entre otras acciones la realización del taller en el Resguardo de Caño Mochuelo, a fin de que los servidores de las Secretarías de Educación que atienden estas poblaciones, los establecimientos educativos que implementan la etnoeducación y el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), los directivos, coordinadores, docentes, estudiantes bilingües y monolingües, y comunidad en general conozcan sus derechos.
Asimismo, durante el taller el Ministerio de Educación aprovechó la participación de los pueblos para realizar la documentación audiovisual en sus lenguas nativas de los derechos protegidos y su correspondiente interpretación para ser publicados a través de diversos medios y canales de información.
Al taller realizado en la comunidad indígena Getsemaní, donde se reúne el pueblo Sikuani, llegaron además representantes de los pueblos Amorua, Saliba, Yamalero, Wamonae, Maiben Masiware, Tsiripu, Waupijiwi, Piapoco y Yaruro, quienes participaron activamente en las diferentes mesas de trabajo que permitieron conocer los avances y recoger las necesidades que tienen las instituciones educativas para el fortalecimiento de su Proyecto Pedagógico Comunitario, así como la divulgación de sus derechos y el registro audiovisual desde su visión ancestral del significado que estos derechos tienen para ellos.
“Lograr que estas comunidades tengan un Proyecto Educativo Comunitario que se ajuste a sus necesidades etnoeducativas es una forma de materializar la autonomía, identidad étnica y cultural de las comunidades, pues es una manera adecuada de preservar los usos y costumbres de una comunidad indígena, además de garantizar que la educación que se les ofrece a las nuevas generaciones se desarrolle conforme a sus tradiciones, creencias, lenguas y los conocimientos fundados en la historia de sus antepasados” precisó Egna Márquez lingüista del equipo de Grupos Étnicos del Ministerio de Educación.
De otra parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los ministerios de Interior, Justicia y Derecho, y el ICBF sostuvieron un diálogo de reconocimiento y reflexión acerca de la importancia de la activa participación de las autoridades indígenas en la protección de los derechos de niños, niñas y mujeres indígenas de la comunidad.
