El Tribunal Administrativo de Casanare, se cansó de los constantes incumplimientos a sus órdenes por parte de los representantes legales de cinco empresas urbanizadoras de Yopal, las cuales desde hace año y medio vienen siendo objeto de las medidas del alto Tribunal, por ende, fueron cobijados con un nuevo incidente de desacato, con sanción económica de 40 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, $39.062.100, cada urbanizador.
Las empresas cobijadas con la sanción son: Asociación de vivienda J&G Bienes y servicios La Española, representada legalmente por Zoraida Jaimes Ballesteros, con 50 smmlv; H&S Bienes Raíces SAS; representada por Silvia Yaneth Aldana Cortés, con 40 smmlv; Inversiones Cruz Barrera, representada por Ómar Cruz Ángel, con 40 smmlv; Fundación La Nueva Granada, representada por Osmari Martina Coronado Piña, con 40 smmlv, y Jairo Pezca Cepeda Asesorías ATS del llano, representada por Jairo Pezca Cepeda, con 40 smmlv. Si estas personas incurren nuevamente en Desacato, serán arrestados hasta por seis meses.
El Tribunal ordenó notificar a la Fiscalía seccional Casanare, en donde según dicho Tribunal debe existir alguna actuación penal contra los urbanizadores, pues fueron notificados desde el inicio de la acción popular, pero se desconocen pesquisas y resultados, a pesar de que los hechos hablan por sí solos, de igual manera preguntan si, ¿la Fiscalía actuará? ¿o espera otra Ciudadela la Bendición en Yopal, para hacerlo?
