El Tribunal Administrativo de Casanare multó a cinco urbanizadores “piratas” en el municipio de Yopal por incumplir medidas cautelares al tenor de la acción popular 323-2015, las cuales consistían en suministrar agua potable y garantizar tratamiento a las aguas residuales de las viviendas ubicadas en las urbanizaciones ilegales.
Las empresas sancionadas por el Tribunal son: con diez salarios mínimos legales mensuales vigentes a H&S Bienes Raíces S.A.S cuyo representante legal es Silvia Yaneth Aldana Cortez e Inversiones Cruz Barrera cuyo representante legal es Omar Cruz Ángel; con 15 salarios Fundación La Nueva Granada, representada por Osmary Martina Coronado Piña y Jairo Pezca Cepeda Asesorías del llano; con 20 salarios la Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces la Española.
En el caso de la Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces la Española, el alto Tribunal rechaza la no contestación de los requerimientos solicitados, lo cual raya en lo penal ya que se le está suministrando agua NO potable a los habitantes del sector, situación que pone en peligro la salud de los mismos, y por ende el Tribunal impuso la sanción más alta a esta Asociación consistente en 20 salarios mensuales mínimos vigentes, es decir $14.754.340.
